La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional, que plantea su consolidación como una fuerza armada permanente de seguridad pública de carácter federal, bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con lo cual se cumple la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024.
La propuesta fue turnada por la Comisión Permanente a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Además del nuevo ordenamiento, la iniciativa incluye reformas, adiciones y derogaciones a las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, del Ejército y Fuerza Aérea, de Educación Militar, de Ascensos y Recompensas, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, de Disciplina, así como a los Códigos de Justicia Militar y de Procedimientos Penales Militares.
Guardia Nacional con mando castrense y funciones civiles
La iniciativa establece que la Guardia Nacional será organizada y administrada por la Sedena, con un modelo que integra personal militar con formación policial y personal civil de confianza, quienes realizarán funciones técnicas y administrativas.
De acuerdo con el documento, esta reorganización busca fortalecer la disciplina, profesionalismo y vocación de servicio de los elementos, en una estructura permanente, especializada y de origen castrense, encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito federal.
Cambios clave en leyes secundarias
Entre los principales cambios propuestos están:
- Abrogación de la actual Ley de la Guardia Nacional para expedir una nueva normativa con enfoque militar y funciones policiales.
- Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para otorgar a la Sedena atribuciones de organización, preparación, licencias, retiros, pensiones y adquisición de insumos para la Guardia.
- Modificación a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para incluir el empleo de la Guardia Nacional exclusivamente en tareas de seguridad pública, bajo principios militares.
- Cambios a la Ley de Educación Militar, que incorpora un plan formativo con enfoque en derechos humanos, legalidad, equidad de género y doctrina policial.
- Ajustes a la Ley de Ascensos y Recompensas, para alinear los procesos de promoción con los estándares del Ejército y Fuerza Aérea.
- Reforma al ISSFAM, que garantiza a los elementos de la Guardia prestaciones similares a las de los miembros del Ejército y la Armada.
- Revisión a la Ley de Disciplina, que pasa a llamarse «Ley de Disciplina del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional», donde se establecen correctivos y atribuciones disciplinarias específicas.
- Reformas al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales, para incluir formalmente a la Guardia Nacional como parte de la Fuerza Armada Permanente, actualizando el lenguaje jurídico y tipificaciones relacionadas con el fuero militar.
Un marco jurídico único para la nueva Guardia
El proyecto busca homologar el marco legal a la reciente reforma constitucional, con el objetivo de reconocer legalmente a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública profesional y permanente, pero adscrita a la disciplina y estructura militar, lo que marca un giro respecto al modelo mixto civil-militar inicialmente planteado en 2019.
El nuevo cuerpo legal también propone eliminar ambigüedades en el ámbito de competencias y facultades, y establecer lineamientos para la formación, operación, disciplina, justicia militar y prestaciones sociales de quienes integren la corporación.
Con esta iniciativa, el nuevo gobierno pretende cerrar la transición formal de la Guardia Nacional al ámbito militar, reforzando el control operativo y administrativo por parte de la Sedena y dejando atrás el esquema anterior con mando civil.
