Por: Redacción
La diputada federal Ivonne Ruiz Moreno impulsa una reforma al artículo 17 constitucional para garantizar búsquedas inmediatas con ciberinteligencia y proteger la personalidad jurídica de las víctimas.
CIUDAD DE MÉXICO. En un esfuerzo por transformar la respuesta del Estado ante la crisis de desapariciones en el país, la diputada federal Ivonne Ruiz Moreno presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca reconocer el derecho de toda persona a una búsqueda inmediata, efectiva y con fines de identificación digna.
La propuesta, que plantea adicionar tres párrafos al artículo 17 de la Carta Magna, establece que este derecho debe ser autónomo de la investigación criminal, permitiendo que las autoridades actúen de oficio bajo el principio de búsqueda en vida y el derecho a la verdad.
La legisladora del PRI subrayó que una de las piezas clave de su propuesta es garantizar que las personas desaparecidas conserven su personalidad jurídica. Esta medida es fundamental para proteger el ejercicio de sus derechos y el patrimonio de sus familias mientras se determina su paradero. Ruiz Moreno enfatizó que la búsqueda diligente es una responsabilidad compartida que no debe recaer exclusivamente en las comisiones especializadas, sino que obliga a una acción conjunta, coordinada y simultánea entre fiscalías, órganos judiciales y diversas instituciones del Estado.
Durante su exposición, la congresista criticó duramente las fallas del sistema actual en las denominadas “horas doradas” —las primeras 48 a 72 horas tras el reporte—, donde la burocracia suele obstaculizar el rastreo efectivo de las víctimas. “La búsqueda en vida no requiere picos y palas, requiere inteligencia: geolocalización inmediata, análisis de sábanas de llamadas, acceso a cámaras de videovigilancia y ciberinteligencia”, sentenció Ruiz Moreno, señalando que estas herramientas son vitales para desarticular redes de trata o reclutamiento forzado en tiempo real.
Finalmente, la iniciativa reconoce que la crisis de desapariciones es una prioridad nacional que requiere soluciones de fondo. Al elevar la búsqueda a rango constitucional, se pretende que la localización de las personas se convierta en una finalidad en sí misma, eliminando la estigmatización y los trámites engorrosos que hoy revictimizan a los familiares.
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