La legisladora Diana Sánchez Barrios, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, presentó desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para que las alcaldías tengan la facultad expresa de incorporar servicios básicos de sanidad —como baños públicos y de bajo costo— en la gestión del espacio público, con criterios de salud pública, accesibilidad universal y perspectiva de género.

Durante su intervención, Sánchez Barrios subrayó que en la capital hay personas que no cuentan con regadera, baño digno ni agua suficiente para asearse, una carencia que impacta directamente en su salud, dignidad y posibilidad real de integrarse a la vida social. “Esto no es asistencialismo: es salud pública preventiva”, afirmó.

La iniciativa se sustenta en el Artículo 9, apartado D, de la Constitución, que establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud, al agua y a una calidad de vida adecuada, lo que implica generar condiciones materiales mínimas para prevenir enfermedades y proteger el bienestar físico y mental.

Con base en ello, la representante popular propuso un proyecto de Decreto para adicionar la Fracción VI al Artículo 35 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, en materia de servicios básicos de sanidad, como una medida para garantizar el derecho a la salud y a una vida digna, especialmente de las poblaciones vulnerables.

Sánchez Barrios advirtió que la falta de higiene básica deja de ser un problema individual para convertirse en un asunto colectivo, al reflejarse en el incremento de enfermedades, la profundización de la exclusión social y la reproducción de modelos de control y castigo en el espacio público.

También destacó que la ausencia de baños públicos no impacta a todas las personas por igual. En particular, señaló que para las mujeres y personas que menstrúan, la carencia de infraestructura sanitaria implica una vulneración agravada, ya que, sin condiciones de higiene, privacidad y seguridad, la menstruación se convierte en un factor de riesgo para la salud y la dignidad.

La legisladora recordó que la iniciativa se alinea con la nueva visión de cuidados impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y con proyectos como las UTOPÍAS, que han demostrado que el acceso al agua, la salud comunitaria y los servicios básicos pueden ser políticas públicas territoriales y transformadoras.

Asimismo, mencionó la reciente iniciativa del Ejecutivo local sobre la Ley del Sistema Público de Cuidados, que busca reconocer el cuidado como un derecho y una responsabilidad pública. En ese contexto, afirmó que ahora corresponde al Congreso y a las alcaldías traducir esa visión en normas y acciones concretas.

Sánchez Barrios sostuvo que su propuesta establece un piso mínimo legal para evitar que las alcaldías evadan su responsabilidad frente a necesidades básicas de sanidad, y citó ejemplos internacionales de países como Francia, Finlandia, Canadá y Japón, donde los servicios públicos de higiene forman parte de políticas de salud urbana, con resultados positivos en inclusión y reducción de costos sanitarios.

Al cierre de su intervención, afirmó que la iniciativa busca una ciudad que cuide y no castigue, basada en la dignidad humana y en un enfoque de derechos humanos. “Nadie debería ser criminalizado por no tener dónde bañarse. Una ciudad verdaderamente justa también se mide en cómo garantiza lo más básico”, concluyó.

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