Con el objetivo de visibilizar y sancionar de forma efectiva el reclutamiento forzado de personas por parte del crimen organizado, el diputado federal Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.

La propuesta legislativa busca incorporar un nuevo capítulo denominado “Reclutamiento forzado” al Código Penal Federal, estableciendo una tipificación autónoma para esta conducta. La definición considera como delito el hecho de incorporar, obligar o inducir, por cualquier medio, a menores de edad u otras personas en situación de vulnerabilidad a formar parte de grupos armados, organizaciones criminales o redes de trata de personas.

La iniciativa contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión, las cuales se incrementarán hasta en una mitad si las víctimas son niñas, niños, adolescentes, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, migrantes, afrodescendientes o integrantes de comunidades indígenas.

También se propone un agravante si el reclutador tiene vínculos de parentesco, amistad, gratitud o confianza con la víctima; si se ostenta como miembro de una institución de seguridad, procuración de justicia o Fuerzas Armadas; o si se ejercen sobre la víctima actos de tortura, violencia sexual o lesiones durante su captación y sujeción.

En paralelo, se plantea modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que el reclutamiento forzado sea considerado como delito susceptible de ser investigado y sancionado bajo esquemas especiales, al ser una práctica sistemática utilizada por estructuras criminales.

Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es el reconocimiento del reclutamiento forzado como causa de exclusión de responsabilidad penal para aquellas personas que hayan sido obligadas a delinquir bajo coerción, particularmente menores de edad.

Durante la exposición de motivos, Mejía Berdeja subrayó que el reclutamiento forzado constituye una grave violación a los derechos humanos, atentando contra la libertad, la integridad y el desarrollo personal de las víctimas. Alertó que, hasta ahora, el marco normativo mexicano no cuenta con una regulación específica que sancione esta práctica de manera autónoma y proporcional a su gravedad.

De acuerdo con cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), al menos 30 mil niñas, niños y adolescentes habrían sido reclutados por grupos delictivos en la última década. El legislador advirtió que la actual ambigüedad legal deja a miles de víctimas en una zona gris jurídica, al no reconocer las condiciones de violencia estructural y manipulación en las que fueron obligadas a participar en delitos.

La propuesta busca cerrar esta brecha legal, tipificando el reclutamiento forzado con penas ejemplares y reforzando las herramientas jurídicas del Estado para prevenir, investigar y sancionar a quienes perpetúan este delito.