Por: Javier Valdovinos
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega afirmó que México atraviesa un momento crítico marcado por el avance del crimen, la pérdida de libertades y una creciente cerrazón al diálogo desde el gobierno federal.
Durante una conferencia de prensa, sostuvo que la represión ejercida contra la protesta nacional convocada por jóvenes exhibió “la verdadera cara de Morena”, al contener lo que describió como actos de persecución política, desinformación y uso excesivo de la fuerza.
Rojo de la Vega señaló que la juventud es el sector más afectado por delitos de alto impacto, la falta de oportunidades laborales y la imposibilidad de acceder a una vivienda, factores que —dijo— impulsaron la movilización.
Denunció que, desde la conferencia presidencial, se expusieron perfiles de estudiantes, lo que consideró un acto de estigmatización que los volvió vulnerables a represalias. Criticó también la colocación de vallas en Palacio Nacional y los intentos de deslegitimar las protestas calificándolas de manipuladas o falsas.
La alcaldesa rechazó las acusaciones difundidas en redes oficiales y cuentas afines al partido en el gobierno, entre ellas el señalamiento de haber obligado a comerciantes a asistir a la protesta. Afirmó que los videos que la involucran carecen de verificación y que tampoco existe evidencia de que personas agresoras estén vinculadas a la alcaldía, como se difundió en plataformas.
Sobre la actuación policial, sostuvo que la marcha fue reprimida con fuerza desproporcionada, citando observaciones de organismos internacionales. Denunció que varias personas detenidas no fueron registradas de inmediato, no tuvieron acceso oportuno a defensa legal y reportaron malos tratos, lo que calificó como violaciones graves al debido proceso.
Rojo de la Vega afirmó que el gobierno capitalino ha presentado acusaciones “sin sustento” contra jóvenes manifestantes, incluyendo imputaciones de tentativa de homicidio. Advirtió que estos casos quedarán en manos del nuevo sistema judicial, al que cuestionó por su cercanía con el gobierno federal.
Sostuvo que está en riesgo el Estado de Derecho y la libertad de expresión, al considerar que se está criminalizando la protesta y usando instituciones públicas para intimidar a quienes disienten. Reiteró que el área jurídica y de seguridad de la alcaldía se puso a disposición de las familias de los detenidos y afirmó que no dejará de denunciar injusticias pese a las amenazas que asegura haber recibido.
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