Por: Gilberto Solorza
En septiembre de 2025, el Pentágono implementó restricciones que afectan directamente la labor de los periodistas acreditados, generando un amplio debate sobre la libertad de prensa y la transparencia gubernamental en Estados Unidos. La medida obliga a los medios a someter cualquier información, incluso no clasificada, a revisión previa del Departamento de Defensa, limita el acceso físico a las instalaciones y amenaza con retirar credenciales a quienes incumplan.
Estas restricciones provocan rechazo casi unánime entre los principales medios nacionales e internacionales, que consideran que la política limita la independencia informativa y constituye un ataque al periodismo libre y a los principios democráticos.
La nueva política exige que los periodistas firmen un compromiso de no difundir información relacionada con el Pentágono sin autorización expresa, prohíbe publicar datos de fuentes no oficiales, filtraciones o investigaciones independientes y restringe la circulación dentro del edificio, permitiendo el acceso solo a áreas designadas y bajo escolta. Cualquier incumplimiento puede derivar en la revocación inmediata de la acreditación.
Decenas de medios, entre ellos The New York Times, The Washington Post, CNN, Reuters, Associated Press y Fox News, rechazaron firmar el acuerdo. Argumentan que las restricciones constituyen censura previa, violan la Primera Enmienda, limitan la cobertura independiente sobre temas de interés público y seguridad nacional y socavan la rendición de cuentas democrática sobre el poder militar. La negativa de medios conservadores como Fox News ha llamado la atención debido a su historial de cercanía al poder ejecutivo. Solo One America News (OANN) aceptó la política.
El Pentágono sostiene que las medidas buscan proteger la seguridad nacional y prevenir filtraciones que pongan en riesgo operaciones militares y vidas. Voceros oficiales aclaran que la intención no busca censurar la prensa, sino establecer un manejo responsable de la información sobre defensa.
La aplicación de estas medidas podría generar un efecto indirecto en la cobertura periodística, ya que la dependencia de la autorización oficial podría incentivar la autocensura entre periodistas y limitar la investigación independiente sobre políticas de defensa y asuntos militares.
Medios y expertos denuncian que la medida representa un control excesivo que limita la independencia periodística en un ámbito crucial para la democracia. Aseguran que el periodismo necesita acceso libre a información gubernamental para cumplir su función de vigilancia y rendición de cuentas.
La controversia escala a foros legales y debates públicos sobre hasta dónde puede llegar el gobierno en la regulación de información sensible y si estas medidas podrían sentar precedentes que afecten la libertad de prensa en otras áreas. Mientras tanto, periodistas y ciudadanos discuten el delicado equilibrio entre seguridad nacional y derecho a la información.
