¿Fusión del crimen con el poder político?
Por Mario Díaz
- Operativo Enjambre II exhibe la complicidad autoridad-crimen organizado
- Ambición y abuso del poder colocó tras las rejas al alcalde de Tequila, Jalisco
- La pregunta es ¿realmente la acción federal terminará con la extorsión?
H. Matamoros, Tamaulipas.- Si bien es cierto que el Operativo Enjambre en Tequila, Jalisco, generó un efecto mediático positivo para el gobierno de la Cuarta Transformación y puso tras las rejas a un edil morenista que olvidó “no mentir, no robar, no traicionar”, también es cierto que difícilmente las acciones de las fuerzas del orden podrán extenderse a la gran parte de los municipios en donde opera la complicidad entre la autoridad local y el crimen organizado.
La diversificación del delito de los distintos grupos delictivos que operan en el territorio nacional que dio paso a utilizar las estructuras oficiales municipales para imponer el cobro de piso, extorsiones y sanciones económicas fuera de la ley es una modalidad que exige la complicidad por omisión, temor o comisión, de quienes encabezan el primer nivel de gobierno.
El primer Operativo Enjambre se llevó a cabo en noviembre de 2024 en el estado de México, arrojando como resultado el arresto de siete funcionarios de distintos niveles en distintos municipios de esa entidad federativa por su presunta participación y complicidad en los delitos de extorsión y cobro de piso.
Salvo la acción conjunta de la Secretaría de Marina Armada de México, Ejército Mexicano, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la encarcelación de los presuntos responsables, se desconoce a ciencia cierta si el Operativo Enjambre “en su primera edición” logró controlar los delitos antes mencionados que mantienen en jaque al aparato productivo en esa entidad federativa.
Como es del dominio público, el despliegue de las fuerzas federales en el municipio de Tequila, Jalisco, dio como resultado la detención del alcalde DIEGO RIVERA NAVARRO; el director de Catastro y Predial, JUAN GABRIEL TORIBIO VILLARREAL; el secretario de Seguridad Pública, JUAN MANUEL PÉREZ SOSA; y el director de Obras Públicas, ISSAC CARBAJAL VILLASEÑOR. Las indagatorias presumen que podrían estar vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El primer edil RIVERA NAVARRO se colocó en el “ojo del huracán” por la embestida extorsionadora en contra de empresarios, cerveceras y tequileras de la región, entre ellas la fábrica José Cuervo; por permitir la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, quienes proyectaron imágenes de NEMESIO OSEGUERA CERVANTES, líder del CNJG; y remodelar al Museo del Tequila, edificio histórico y patrimonial, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia y utilizarlo como su vivienda personal.
La “fusión de la criminalidad con el poder político”, tal y como lo describe y sostiene la Fiscalía General de la República, lo resintió la empresa de mayor producción de tequila en México, José Cuervo, al exigírsele el pago de 60 millones de pesos de impuesto predial, a pesar de que la recaudación anual del municipio de Tequila es de solo 30 millones de pesos; es decir se le exigía el doble de lo que normalmente ingresa cada año. Finalmente, la autoridad local y sus cómplices aceptaron como “pago del predial” 17 millones de pesos.
Asimismo, DIEGO RIVERA se puso “en la cruz” por la voracidad económica que lo llevó a exigir a comerciantes y prestadores de servicios turísticos el pago de 50 pesos por cada turista que ingresara al municipio de Tequila como “derecho de suelo” para permitir su actividad; la posada decembrina del año pasado que costó varios millones de pesos al erario, incluyendo la rifa de un automóvil último modelo; el ostentoso reloj Richard Mille que lucía en su muñeca valorado en millones de pesos y el uso de vestimenta, lentes y cinturones de marca, con alto valor comercial. DIEGO RIVERA NAVARRO recibía un sueldo nominal mensual de 64 mil pesos, lo cual, por supuesto, no justificaba su extravagante estilo de vida.
Cabe señalar que el gobernador del estado de Jalisco, PABLO LEMUS, determinó que los cobros que solicitaba el ayuntamiento de Tequila no tenían viabilidad ni jurídica ni financiera y, por tal motivo, ordenó que se retiraran los sellos de clausura de la tequilera José Cuervo que habían colocado policías municipales.
No obstante, el mandatario estatal jalisciense exhibió su gobernabilidad por dos razones simples y lógicas; primero, por no darse por enterado de las acciones delincuenciales que estaba cometiendo el presidente municipal de Tequila y, segundo, por no ejercer ninguna acción legal en contra del edil ni tampoco presionar ni invocar a la “autónoma” Fiscalía General de Justicia del estado de Jalisco.
Respecto a la continuidad y resultados del Operativo Enjambre surgen un par de cuestionamientos: Uno, ¿las acciones se extenderán a otros municipios? ¿Si es así cuándo sería el tercer operativo? Y dos, sin el menor ánimo pesimista ¿realmente el Operativo Enjambre podrá neutralizar la “fusión de la criminalidad con el poder político”, tal y como describe ese fenómeno delictivo la FGR?
DESDE EL BALCÓN:
I.-Muy seguramente, aunque, eso sí, en mayor o menor medida, alcaldes y grupos delictivos que practican la “fusión de la criminalidad con el poder político” se verán obligados a “bajarle dos o tres rayitas”, so pena de seguir el mismo camino del alcalde de Tequila, Jalisco, DIEGO RIVERA NAVARRO.
El Operativo Enjambre colocará en el fiel de la balanza ese dicho que enfatiza “más valen cinco años de vacas gordas que 30 años de vacas flacas”.
¿Será?
Y hasta la próxima.
