La presidenta municipal de Nicolás Romero, Yoselin Mendoza, refrendó su compromiso de proteger a mujeres, niñas y niños frente a la violencia familiar, al suscribir el Convenio para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Familiar entre el Poder Judicial del Estado de México y los 125 municipios mexiquenses.
La firma se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Toluca, donde se acordó que los ayuntamientos darán cumplimiento a las medidas de protección emitidas por autoridades judiciales, reforzando así la coordinación institucional en defensa de quienes enfrentan situaciones de violencia en sus hogares.
“La violencia es contraria a la paz que buscamos”
Durante su intervención, Mendoza fue clara:
“La violencia contra mujeres, niñas y niños es contraria a la paz por la que estamos luchando en nuestro querido municipio, es inaceptable y se requiere combatirla sumando esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno”.
Recordó que su administración ha establecido políticas enfocadas en los derechos de las mujeres y menores de edad a través de instituciones como el Centro de Especialización en Género y Empoderamiento de las Mujeres Municipales (CEGEMM), el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA) y el respaldo constante del DIF Nicolás Romero.
Juzgados en Línea: justicia ágil para víctimas
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Díaz Juárez, reconoció que el convenio “demuestra voluntad y compromiso frente a una realidad dolorosa”. Aseguró que, según la OMS, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia y más de cinco mujeres son asesinadas por hora por miembros de su familia.
A su vez, Mario Eduardo Navarro Cabral, magistrado del Consejo de la Judicatura, destacó el funcionamiento del Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar, que responde en menos de 4 horas y ha emitido más de 9 mil 397 medidas de protección a víctimas, operando los 365 días del año.
Un compromiso respaldado por la CEDAW
En representación de la gobernadora Delfina Gómez, Karina Labastida Sotelo, directora general del DIFEM, sostuvo que este acuerdo representa más que un documento:
“Es un pacto para enfrentar la violencia familiar y de género, en sintonía con las obligaciones internacionales derivadas de la CEDAW”.
Al evento asistieron funcionarios estatales y federales, legisladores, jueces y juezas, así como titulares de dependencias de seguridad y bienestar, ratificando la voluntad colectiva de erradicar este fenómeno estructural.
