El estado de Veracruz ha dado un paso significativo en la lucha contra la violencia ácida con la aprobación de la Ley Malena.
Esta legislación, aprobada con 43 votos a favor y ninguno en contra, establece penas severas y garantiza justicia para las víctimas, además de tipificar este delito como tentativa de feminicidio.
Aprobación de la Ley
La Ley Malena, propuesta por la diputada Itzel López López e impulsada por la activista Carmen Márquez Pérez, fue aprobada por unanimidad en el Congreso de Veracruz. La legislación recibió un amplio respaldo, incluido el apoyo de activistas y víctimas sobrevivientes como Carmen Sánchez, Elisa Xolalpa Martínez, Micaela Morales, y María Elena Ríos.
Declaraciones y reconocimientos
Durante su discurso, la diputada Itzel López López destacó la importancia de esta ley para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Agradeció el apoyo de sus colegas del Grupo Legislativo de Morena y la presencia de la diputada Marcela Fuente Castillo, quien ha promovido la Ley Malena a nivel nacional.
Definición y penalidades
La ley introduce modificaciones a varios artículos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, definiendo la «violencia ácida» como el uso de sustancias químicas para causar daño físico irreversible. Las penas van de 8 a 12 años de prisión, aumentando hasta 30 años en casos agravados, junto con multas significativas.
Registro y protección
Las autoridades de Veracruz deberán mantener un registro de víctimas de violencia ácida, administrado por la Secretaría de Salud estatal. La ley también garantiza la reparación integral del daño y establece medidas de protección para las víctimas.
Inclusión en el Código Penal
Se añade un nuevo capítulo al Código Penal del estado, detallando las sanciones y medidas específicas para los ataques con ácido y otras sustancias químicas, consolidando así el compromiso de Veracruz con la erradicación de esta forma de violencia.
Comparativa nacional
Con esta aprobación, Veracruz se une a otros estados mexicanos como Baja California, Ciudad de México, y Oaxaca, que ya han reconocido y castigado la violencia ácida en sus legislaciones locales.
