La bancada del PRI en la Cámara de Diputados votó en contra del dictamen que busca eliminar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y trasladar sus funciones al Inegi, al considerar que esta decisión representa una simulación para silenciar la verdad sobre la pobreza en México y un retroceso en la institucionalidad democrática.

Durante el posicionamiento del grupo parlamentario, las diputadas Lorena Piñón Rivera, Nadia Navarro Acevedo y Xitlalic Ceja advirtieron que esta reforma responde al interés del gobierno federal por impedir evaluaciones técnicas independientes de sus programas sociales y evitar rendir cuentas.

“Lo que quieren es desmantelar un organismo que ha evidenciado el fracaso de su política social con mediciones técnicas y confiables. El Coneval no es cualquier institución: es un referente mundial, reconocido por la CEPAL, el Banco Mundial y la ONU”, afirmaron las legisladoras priistas, en línea con la dirigencia de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, así como con el coordinador parlamentario Rubén Moreira.

Criticaron que el Inegi, por muy respetado que sea, no puede ni debe sustituir al Coneval, ya que su función es generar estadística, no evaluar políticas públicas ni medir la pobreza multidimensional. “Medir población es muy diferente a evaluar programas”, puntualizaron.

Las diputadas subrayaron que esta reforma puede afectar directamente la distribución de los programas sociales, ya que el Coneval ha sido clave para garantizar que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan. A su juicio, con el Inegi al frente, se debilitarían los mecanismos de evaluación técnica, y se abriría la puerta a decisiones discrecionales.

El PRI presentó 26 reservas al dictamen aprobado en el Periodo Extraordinario y acusó a Morena de impulsar un modelo de país sin evaluación, sin rendición de cuentas y sin instituciones autónomas. “La pobreza debe medirse con ciencia, no con ocurrencias ni propaganda”, concluyeron.

Finalmente, recordaron que fue el PRI el que impulsó la creación del Coneval y las primeras políticas públicas orientadas a evaluar la eficacia social con transparencia y datos confiables.