Por Redacción
Ciudad de México.- La senadora Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, esto luego de la tragedia del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que cobró la vida de 14 personas.
La legisladora sentenció que un gobierno que dice «cuando se descarrile vemos» no merece dirigir ni un tren ni un país, señalando una presunta negligencia estatal en el incidente.
La propuesta de Ruiz Sandoval, presentada en la sesión de este miércoles en el Senado de la República, busca impedir el encubrimiento político al obligar por ley la creación de una Comisión independiente, integrada por especialistas, para investigar tragedias ferroviarias con pérdidas humanas. Dicha comisión tendría la facultad de presentar un informe serio y detallado en un plazo máximo de 60 días, garantizando transparencia y rendición de cuentas.
La senadora criticó la gestión actual, y afirmó que, «en México, con Morena, los trenes se han convertido en negocio político», aludiendo a «contratos opacos, sobrecostos, proveedores consentidos y prisas electorales». Además, planteó la necesidad de definir legalmente los términos «incidente» y «accidente» en este tipo de siniestros, luego de que la tragedia del Tren Interoceánico fuera catalogada inicialmente como incidente a pesar de las víctimas mortales y lesionados.
La iniciativa propone reformar y adicionar los artículos 2 y 55 Bis del Reglamento del Servicio Ferroviario, buscando proteger vidas y evitar la repetición de tragedias. Ruiz Sandoval acusó que la prioridad parece ser mantener el tren como una «caja registradora», sin importar que la seguridad de los pasajeros se convierta en una «ruleta rusa». Cuestionó la finalidad de los informes oficiales, preguntando si son «para corregir o para tapar».
Con esta reforma, la senadora Cristina Ruiz busca establecer un mecanismo robusto que asegure investigaciones imparciales y rápidas ante accidentes ferroviarios, garantizando justicia para las víctimas y promoviendo una cultura de seguridad y transparencia en un sector vital para el desarrollo del país. La propuesta subraya la urgencia de priorizar la vida humana sobre cualquier interés político o económico en la operación de la infraestructura ferroviaria nacional.
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