Por Gilberto Solorza

La Cámara de Diputados aprobó esta semana una reforma a la Ley de la Guardia Nacional (GN) que habilita legalmente a sus integrantes a competir por cargos de elección popular con una “licencia especial” otorgada por el presidente de la República o el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La medida permite que militares activos se separen temporalmente de sus funciones de seguridad pública para desempeñar actividades civiles, aunque su reincorporación al Ejército dependerá nuevamente del visto bueno del Ejecutivo o la Sedena. Esto incluye la posibilidad de aspirar a cargos como presidentes municipales, diputados, gobernadores o incluso puestos dentro de organismos públicos y empresas del Estado.

Pese a la polémica generada, especialistas en seguridad y derecho constitucional explican que esta figura no es del todo nueva. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ya contemplaba esta posibilidad: el artículo 174 permite que generales, capitanes y coroneles soliciten una licencia para separarse temporalmente y competir por cargos públicos. Lo aprobado ahora para la Guardia Nacional homologa esa disposición a este cuerpo, incorporado plenamente al Estado Mayor Conjunto de la Sedena tras su absorción definitiva por la Secretaría en 2024.

Asimismo, la Constitución mexicana ya establece que jueces, ministros de culto y militares pueden participar en procesos electorales si se separan de sus funciones al menos seis meses antes de la elección.

La nueva redacción de la Ley faculta al presidente o al secretario de la Defensa para otorgar esta licencia bajo criterios discrecionales. Con ella, los militares podrán:

• Contender en procesos electorales a cualquier nivel.
• Asumir cargos civiles dentro del gobierno federal, estatal o municipal.
• Integrarse a organismos descentralizados o empresas paraestatales.

No obstante, la ley no garantiza el retorno automático al servicio militar tras desempeñar dichos cargos, lo cual queda a juicio de las autoridades superiores.

Diversos legisladores de oposición y expertos en temas de seguridad han manifestado su preocupación por lo que consideran una puerta abierta a la politización del Ejército. Argumentan que permitir que elementos en activo participen en la vida pública sin un marco transparente podría generar un desequilibrio entre el poder civil y militar.