Por: Fernando Dávila
Tras la muerte de Erick Leonardo Terán Torbellín, cadete de 13 años, ocurrida el 25 de abril durante un campamento en Cuautla, Morelos, madres de alumnos de la Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc se manifestaron frente al edificio principal de la alcaldía Cuauhtémoc en apoyo a la institución.
Contrario a lo que podría suponerse, la protesta no fue contra el colegio, sino para rechazar las versiones que circulan en medios de comunicación y redes sociales sobre presuntos actos de maltrato. De acuerdo con las madres, la academia mantiene una formación estricta desde el primer día, propia de su carácter militarizado, pero negaron que existan prácticas de violencia o tortura.
“Son duros, sí, estrictos también, pero no hay maltrato. Mi hijo lloraría si lo sacara de la academia. ¿Usted cree que un niño torturado querría estar ahí?”, expresó una manifestante.
Las madres subrayaron que, para muchos de los cadetes, la academia significa lealtad, disciplina y compromiso, y que varios de ellos llevan hasta seis años en el plantel por decisión propia. Denunciaron que, a diferencia de la atención brindada a la familia del menor fallecido, su postura no ha sido escuchada por las autoridades. “Estamos aquí por nuestros hijos. Nos consta la calidad humana de los fundadores. No defendemos por obligación, sino por convicción”, afirmaron.
Un cadete que estuvo presente el día de los hechos relató que, tras una práctica de campo, Erick sufrió una crisis mientras viajaban en el autobús; según su testimonio, el menor parecía hiperventilar. No se les proporcionó información oficial en ese momento y se enteraron de su fallecimiento a través de redes sociales. De acuerdo con una de las madres manifestantes, Erick padecía asma, condición que podría haber influido en su estado de salud.
Mientras tanto, Erika Torbellín, madre del menor, ha denunciado públicamente que su hijo fue víctima de maltratos físicos, basándose en las lesiones internas detectadas en la necropsia. Además, la Autoridad Educativa Federal informó que la academia no contaba con permisos oficiales para realizar el campamento, y la Fiscalía General de Justicia capitalina mantiene abierta una investigación.
Hasta el momento, las autoridades educativas y judiciales han reiterado su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y garantizar justicia para todas las partes involucradas.
