Linchamientos en México: un síntoma de crisis social y desconfianza en la autoridad


Por: Isabella Estefanía López Nájera

El reciente linchamiento ocurrido en Tekit, Yucatán, vuelve a poner sobre la mesa un fenómeno alarmante en México: la justicia por mano propia.

Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre 2016 y 2018 el número de víctimas de linchamiento aumentó en un 190 %, pasando de 60 a 176 casos registrados.

El linchamiento se define como un acto de violencia colectiva que busca ejecutar sin proceso legal a un sospechoso o presunto delincuente. Sin embargo, como señala Gema Santa María, historiadora y socióloga de la Universidad de Washington, no toda manifestación de violencia pública y colectiva puede considerarse un linchamiento.

Orígenes del linchamiento en México

Este fenómeno ha sido vinculado con la falta de confianza en las instituciones, la impunidad y la crisis de autoridad. El primer caso documentado en el país data de 1897, cuando Arnulfo Arroyo fue linchado tras ser acusado de intentar agredir al entonces presidente Porfirio Díaz.

A lo largo de la historia, los linchamientos han sido impulsados por un sentimiento de rabia colectiva y la percepción de que las autoridades no pueden garantizar seguridad ni justicia. Esta violencia extralegal refuerza una falsa sensación de justicia en la comunidad, pero no soluciona el problema delictivo ni la violencia estructural.

Percepción social y normalización de la violencia

El escritor Carlos Monsiváis analizó este fenómeno y concluyó que quienes participan en linchamientos lo hacen impulsados por el odio a la impunidad, pero también por el efecto catártico de imponer penas de muerte de manera arbitraria. La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCOVE) reveló que el 77 % de los encuestados estaba de acuerdo en golpear a una persona si era sorprendida cometiendo un delito, y el 58.1 % consideraba que lo merecía.

Rita Segato, investigadora y antropóloga, califica esta postura como parte de las «pedagogías de la crueldad», donde la sociedad exige castigos más severos sin considerar el impacto de la violencia sistemática. Aunque las opiniones están divididas, lo cierto es que los linchamientos no pueden considerarse mecanismos legítimos de justicia y reflejan una fractura profunda en el tejido social.

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