Por Ricardo Monreal Avila

                             “…están en algún sitio / nube o tumba
                             están en algún sitio / estoy seguro
                             allá en el sur del alma es posible que 
                             hayan extraviado la brújula y hoy vaguen                                                      
                             preguntando...preguntando....donde                                       
                             carajo queda el buen amor” porque 
                             vienen del odio.

                             Mario Benedetti, poema “Desaparecidos”

El hallazgo en el rancho de Teuchitlán, Jalisco, es uno de los episodios más desoladores y reveladores de la tragedia de las desapariciones en México, una negra realidad que ha oscilado entre la invisibilidad de las víctimas y sus familias y la imbecilidad de quienes buscan ocultarla, minimizarla o negarla.

Como ejemplo de esto último, recuerdo la declaración de Óscar Flores Sánchez, Procurador General de la República en la década de 1970, quien, cuestionado sobre los desaparecidos de la llamada Guerra Sucia, contestó: “¡Cómo quiere usted que yo sepa dónde están los desaparecidos, si precisamente por eso se les llama de-sa-pa-re-cidos, porque nadie sabe dónde están!”.

El rancho Izaguirre, asegurado desde 2024 por las autoridades, reveló el horror de lo que guardaba hasta que entraron a sus entrañas las madres buscadoras. Con la posibilidad de actividades crematorias, osamentas y cerros de zapatos, prendas de vestir y mochilas de viaje, este sitio es un golpe de realidad que nos obliga a preguntarnos cómo llegamos a este punto de barbarie.

Hoy sabemos, con alto grado de certeza, que el Estado, como entidad colectiva, no es el autor de estos genocidios, como sí lo fue durante las últimas tres décadas del neoliberalismo económico. Pero eso no es consuelo, porque la negra realidad de las desapariciones continúa como un cáncer social.

Hoy los autores de las desapariciones son grupos privados delincuenciales, movidos no por una ideología o una doctrina sectaria, sino por el puro y descarnado afán del botín económico, de la violencia como fuente originaria de obtención y acumulación de riqueza en un sistema de capitalismo salvaje, donde las y los jóvenes son las principales víctimas.

Los grupos de la delincuencia organizada se ciernen sobre el territorio nacional.

La corrupción, falta de estrategia e inteligencia y la impunidad que caracterizaron a las pasadas administraciones fueron el caldo de cultivo para alimentar la espiral de violencia que sigue azotando los diferentes espacios y esferas de la vida pública y privada.

El término “delincuencia organizada” fue empleado por primera vez por el criminólogo estadounidense John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones delictivas provenientes de la mafia. Se le describió como “organizada”, en referencia a la idea de “corporación”, “grupo”, “sindicato”, “liga”, o “coalición”, por la forma de conjuntar esfuerzos en un grupo, haciendo uso de violencia, soborno, intimidación y fuerza.

La delincuencia organizada es un fenómeno social que se encuentra en la base de la fragilidad del Estado de Derecho; de la corrupción y de la crisis de casi cualquier tipo de seguridad (laboral, pública, interior, nacional, exterior). No es un fenómeno propio de algún sector o clase social; sus implicaciones y efectos corren de manera transversal a lo largo y ancho del sistema sociedad.

La mal llamada “guerra contra el narco”, emprendida en 2006, evidenció, entre otros asuntos, la carencia de un adecuado diagnóstico; la falta de preparación en los cuerpos de seguridad pública y en los efectivos militares; la improvisación en materia de inteligencia y logística, y los altos índices de corrupción e impunidad que permeaban la administración pública en todos los órdenes de gobierno.

Estas situaciones pueden servir como antecedente para evitar repetir los mismos errores y para emprender esfuerzos encaminados a combatir este problema de fondo.

Vale subrayar que, a partir de entonces, fenómenos como los asesinatos de candidatos en campaña y autoridades en funciones dejaron de ser marginales, para convertirse en un problema de seguridad nacional.

La violencia anterior era selectiva y más bien de carácter político, como ocurrió con la llamada Guerra Sucia, que tuvo cuatro momentos muy marcados: la persecución de los movimientos guerrilleros de la década de 1960 (Lucio Cabañas y Genaro Vázquez); la represión al movimiento estudiantil en 1968; la desaparición y el encarcelamiento de dirigentes sociales durante la década de 1970, y la represión gubernamental soterrada contra militantes y activistas de la izquierda, que, en cinco años (1989-1994) registró 265 víctimas fatales. (Combes, 2021).

Todos estos actos de violencia política corrieron a cargo de cuerpos oficiales de seguridad, por lo que se pueden calificar como crímenes de Estado, pero la violencia contra amplios sectores de la sociedad e incluso la actual modalidad de violencia política han sido parte de las luchas por el control territorial que desataron los grupos de la delincuencia organizada en varias regiones del país. La pugna económica por las rutas, mercados y territorios de influencia de los cárteles los llevó también a buscar el control del poder público local y regional.

En este escenario, así como los colectivos de mujeres visibilizaron y avanzaron para hacer del Feminicidio el principal enemigo por vencer, hoy los colectivos de madres buscadoras están logrando hacer que tomemos conciencia del Juvenicidio como amenaza latente e insoslayable que se cierne sobre nuestro país.

¿Cuántos ranchos Izaguirre hay en México?…. La pregunta no debe sólo preocuparnos, sino ocuparnos, para responderla con datos duros, ciertos, reales. Por ello, es de reconocer la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar esta realidad negra de las desapariciones y personas desaparecidas en el país.

En este tenor, la presidenta realizará seis acciones:

• Fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de ampliar su capacidad de respuesta y resolución.
• Enviar al Congreso dos Iniciativas de ley, para consolidar el certificado único de identidad de las personas y crear la base única o nacional de información forense.
• Incorporar en la ley nuevos protocolos de búsqueda inmediata de personas, sin esperar el lapso de 72 horas.
• Equiparar el delito de Desaparición Forzada con el de Secuestro y homologar las penas correspondientes.
• Publicar en forma mensual las cifras de Carpetas de Investigación sobre desapariciones. 6. Fortalecer a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para apoyar a las familias de personas desaparecidas y no localizadas.

Una tragedia tan larga no puede ni debe tardar en atenderse desde su raíz.

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