La diputada Susana Estrada Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXII Legislatura del Estado de México, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Defensoría Pública, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito, universal y sin barreras administrativas a la asesoría y patrocinio legal en casos de incumplimiento de obligaciones alimentarias.
La propuesta, respaldada por datos del Poder Judicial del Estado de México, busca eliminar obstáculos que actualmente dificultan a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad acceder a la justicia. Según cifras oficiales, entre enero y mayo de 2023 se emitieron en promedio 90 resoluciones mensuales en materia familiar, un número que refleja solo una fracción de la demanda real en un estado con altos índices de impago de pensiones alimenticias.
«Esta iniciativa no es solo un ajuste legal, sino un compromiso con la dignidad de miles de familias mexiquenses que hoy enfrentan el abandono económico. Queremos derribar las barreras que impiden a las mujeres exigir lo que por ley les corresponde», declaró Estrada Rojas durante su intervención en el pleno del Congreso local.
La iniciativa plantea tres cambios clave:
- Eliminación del estudio socioeconómico: Los juicios en materia de alimentos serán gratuitos y sin requisitos previos, priorizando el derecho a la defensa efectiva.
- Ampliación de facultades del Instituto de Defensoría Pública: Se incluyen atribuciones para brindar asesoría especializada, celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, y diseñar programas de difusión permanente.
- Cobertura universal: El servicio llegará a todos los municipios, incluidas zonas con alto rezago social, mediante jornadas itinerantes y coordinación intergubernamental.
La reforma propuesta modifica los artículos 4 y 13 de la Ley de Defensoría Pública, estableciendo que el Instituto deberá proporcionar patrocinio legal sin trámites burocráticos en casos de alimentos, elaborar planes de asistencia jurídica permanente y trabajar en conjunto con gobiernos municipales para ampliar su alcance.
«Hablamos de un derecho humano: el acceso a la justicia no puede ser un privilegio. Con esta reforma, el Estado de México dará un paso histórico hacia la equidad», enfatizó la diputada.
La iniciativa, que ya fue turnada a comisiones para su análisis, recibió el respaldo inicial de legisladores y legisladoras, quienes destacaron su potencial para reducir la brecha de desigualdad en la entidad.
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