La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega presentó ante el Congreso de la Ciudad de México un paquete de iniciativas que busca corregir una contradicción estructural: aunque las alcaldías son responsables del mantenimiento de vialidades secundarias, no reciben el predial ni los pagos por derechos de agua que se generan en esas mismas calles. La propuesta plantea que esos recursos regresen directamente a las demarcaciones para fortalecer infraestructura, servicios urbanos y mantenimiento.
Rojo de la Vega afirmó que esta condición limita funciones básicas como la reparación de fugas, la mejora del drenaje y el mantenimiento vial. Recordó que la Cuauhtémoc recibe entre 3 y 5 millones de personas al día, además de sus 600 mil habitantes, pero opera con uno de los presupuestos más castigados. Señaló que la demarcación genera alrededor del 13 por ciento del predial de toda la ciudad, sin recibir recursos proporcionales.
Explicó que, tras cubrir nómina, Policía Auxiliar y servicios básicos, solo queda disponible el 30 por ciento del presupuesto anual para obra pública, programas y mantenimiento urbano. En el contexto del Mundial 2026, subrayó la urgencia de contar con recursos suficientes para mostrar una alcaldía con espacios limpios, seguros y representativos.
El paquete legislativo incluye reformas al artículo 55 de la Constitución de la Ciudad de México para que las alcaldías reciban de manera directa el predial y el pago del agua generados en vialidades secundarias bajo su competencia. También propone cambios a la Ley de Austeridad, a la Ley Orgánica de las Alcaldías y a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua, todas orientadas al fortalecimiento financiero local.
La alcaldesa señaló que la iniciativa no busca beneficios exclusivos para Cuauhtémoc, sino avanzar hacia un modelo de justicia presupuestal que permita reinvertir en el territorio lo que ahí se genera.
El Grupo Parlamentario del PAN acompañó la propuesta. Su coordinador, el diputado Andrés Atayde, sostuvo que descentralizar el gasto permitirá que los gobiernos más cercanos a la ciudadanía cuenten con más recursos para atender las necesidades de las 16 demarcaciones.
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