Por Gilberto Solorza
En medio de la devastación que ya envuelve a Gaza, el gobierno de Israel ha propuesto una medida que ha encendido alarmas en la comunidad internacional: la creación de un campamento fortificado en las ruinas de Rafah, al sur del enclave palestino.
Aunque oficialmente se presenta como una “ciudad humanitaria” para albergar a desplazados, la iniciativa ha sido severamente cuestionada por su carácter restrictivo, coercitivo y potencialmente violatorio del derecho internacional humanitario.
Una ciudad cerrada bajo control militar
Según los informes, Israel pretende concentrar en este campamento a cerca de 600,000 palestinos desplazados, bajo una infraestructura rodeada por muros y puestos de control, con un acceso estrictamente regulado por fuerzas militares israelíes. Los habitantes del campamento no podrán salir libremente, lo que ha sido interpretado como una forma de confinamiento masivo y una restricción radical a la libertad de movimiento.
El plan contempla filtros militares para “detectar combatientes de Hamás”, lo que en la práctica supondría una vigilancia constante sobre una población mayoritariamente civil. Las condiciones, advierten expertos y organismos humanitarios, rozan el concepto de un campo de concentración moderno.
Diversas organizaciones de derechos humanos han señalado que la creación del campamento en Rafah se inserta en una estrategia más amplia de desplazamiento forzado de palestinos desde otras zonas de Gaza. Si bien Israel ha insistido en que se trata de una medida temporal y necesaria por razones de seguridad, críticos argumentan que se está promoviendo una emigración «voluntaria» de palestinos fuera del enclave, algo que califican de eufemismo para referirse a una limpieza étnica encubierta.
Crisis humanitaria en deterioro
Rafah, ya devastada por los bombardeos israelíes, carece de infraestructura básica para albergar una concentración tan alta de personas. La saturación del área no solo dificultará el acceso a alimentos, agua y servicios médicos, sino que puede exacerbar la propagación de enfermedades y aumentar el sufrimiento de una población ya al límite. La supuesta ciudad humanitaria corre el riesgo de convertirse en un gueto de sobrevivencia forzada, sin posibilidad real de movilidad ni condiciones dignas de vida.
La propuesta ha generado un amplio rechazo internacional, siendo comparada por algunos observadores y analistas con los guetos de la Segunda Guerra Mundial. La medida profundiza la percepción de opresión y ocupación por parte de Israel y podría alejar aún más las posibilidades de un alto al fuego o una solución política duradera. Voces diplomáticas en Europa, América Latina y dentro de la ONU han comenzado a calificar el plan como un obstáculo grave para la paz y una violación al derecho de los pueblos a no ser desplazados forzosamente.
Mientras tanto, las autoridades israelíes insisten en que el proyecto busca garantizar la seguridad tanto de israelíes como de palestinos. Sin embargo, sobre el terreno, la realidad se traduce en más muros, más vigilancia, más sufrimiento y menos esperanza.
