Por: Gilberto Solorza
La Marina israelí detuvo el 1 de octubre de 2025 a la Flotilla Global Sumud, compuesta por 47 embarcaciones y más de 500 voluntarios que transportaban ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, en aguas internacionales del Mediterráneo oriental, a unas 80 millas náuticas de Gaza. Israel abordó principalmente el barco Alma, en el que viajaba la activista Greta Thunberg.
La flotilla denunció que el operativo incluyó maniobras peligrosas, interferencias en las comunicaciones e intentos de intimidación, y calificó la acción de violación del Derecho Internacional, ya que los barcos eran pacíficos y no representaban ningún riesgo.
Israel trasladará los barcos al puerto de Ashdod para deportar posteriormente a sus tripulantes, aunque no hay información completa sobre todas las embarcaciones. La operación se produjo mientras Israel ya había atacado con drones previamente en la zona, lo que generó críticas sobre la proporcionalidad de la intervención. Expertos en Derecho Internacional, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional consideran la intercepción ilegal, pues ocurrió fuera del límite de las 12 millas náuticas del mar territorial israelí y sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
Entre los voluntarios a bordo había siete mexicanos: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México pidió a Israel que respetara el derecho internacional y la seguridad de sus ciudadanos, quienes participaron en la misión de manera pacífica y solidaria.
Israel justifica la intercepción con el bloqueo naval impuesto sobre Gaza desde 2007, pero el Derecho Internacional Humanitario exige que un bloqueo sea efectivo, proporcional y no impida el paso de ayuda humanitaria esencial. Expertos sostienen que impedir la entrega de asistencia y confinar barcos con ayuda constituye una violación grave de tratados internacionales y derechos humanos, y podría considerarse un crimen de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
La intercepción de la flotilla también generó preocupación entre gobiernos europeos, organizaciones humanitarias y activistas internacionales, quienes advierten que este tipo de operaciones no solo pone en riesgo la vida de los voluntarios, sino que refuerza el aislamiento y sufrimiento de la población civil en Gaza. La comunidad internacional demanda un diálogo urgente para garantizar la entrega de asistencia humanitaria sin represalias ni intimidaciones.
Además, analistas señalan que la operación israelí marca un precedente peligroso sobre la libertad de navegación en alta mar, ya que establece que un Estado puede intervenir unilateralmente sobre embarcaciones civiles pacíficas bajo pretextos de seguridad, debilitando normas internacionales que protegen los derechos de la población y activistas humanitarios.
La ONU ya reconoció las acciones de Israel en Gaza como genocidio, lo que aumenta la presión internacional sobre las operaciones militares en la región y subraya la ilegalidad de la intercepción de la Flotilla Global Sumud. Organizaciones como Amnistía Internacional condenan la operación y señalan que Israel carece de autoridad legal para detener embarcaciones en alta mar, vulnerando la libertad de navegación y los derechos civiles de los activistas.
