Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo
· El respeto a los Poderes y a la Constitución, deben imperar por encima de cualquier gobierno
· 55 mil familias se verán en apuros económicos por la decisión de un presidente insensible
· El Senado de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, incondicionales de López Obrador también cuentan con fideicomisos millonarios, de eso no dice ni media palabra
Por primera ocasión en las últimas cinco décadas –de que tengamos memoria quienes nacimos en la década de 1970—el Poder Ejecutivo Federal, ahora bajo la responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador, decide, en contubernio con el Congreso de la Unión, cancelar 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, mismos que resguardan 15 mil millones de pesos. De lograrlo, podrían llevarse “entre las patas” la economía de más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial en todo el país.
Legisladores “al servicio del pueblo” de Morena, PT y PVEM aprobaron con 259 votos en favor y 205 en contra, eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que ascienden a más de 15 mil millones de pesos.
Los trabajadores del Poder Judicial exigen que el presidente de la República, López Obrador, cumpla expresiones que a cada momento pregona: “Al margen de la Ley, nada, y por encima de la Ley, nadie”. De la misma forma, los trabajadores del PJF, empezando por la ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN, afirman que, “El respeto a los Poderes y a la Constitución, deben imperar por encima de cualquier gobierno”.
El tamaño de las decisiones que ha anunciado tomar el presidente de la República, aumentan la alarma laboral: “Si solamente se extinguieran 6 de los 13 Fideicomisos que están en la mira, afectarían directamente a 27 mil trabajadores y ex trabajadores del PJ, principalmente en sus prestaciones, como seguridad social, pensión para jubilados, cobertura de salud”, etc.
En 2023, el Poder Judicial de la Federación tuvo un presupuesto de 77 mil 544 millones de pesos. Este valor, dividido entre cada mexicano, significa una protección por 1.73 pesos por cada ciudadano. Asimismo, para 2024, Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN, ha solicitado un presupuesto de 84 mil 792 millones de pesos, cantidad equivalente a 1.78 pesos por cada mexicano.
El ministro Alberto Pérez Dayán, desde el Congreso Internacional Unión Iberoamericana y Cortes Supremas, sostuvo que, cuando el Poder Ejecutivo falla en sus estrategias, busca la forma de poder culpar al Poder Judicial, y sentenció que cualquier ataque del Ejecutivo, es una afrenta al Estado de Derecho. El Senado de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, también cuentan con fideicomisos con fondos millonarios, sin que se haya mencionado en ningún momento que el Ejecutivo planea expropiar o retener miles de millones de pesos. Al contrario, los ha fortalecido más allá de los índices de pobreza que padecen millones de mexicanos.
Esta semana continuarán las manifestaciones populares en contra de la medida restrictiva de López Obrador al Poder Judicial, por parte de los trabajadores de esa institución, quienes, en una primera instancia, resultarían afectados en sus economías particulares, después de haber conquistado derechos laborales durante más de 30 años de servicios en promedio.
El descontento es mayúsculo para los trabajadores directamente afectados, pero también para 55 mil familias que se verán en apuros económicos por la decisión de un presidente insensible, quien toma decisiones de manera improvisada, por costumbre ocurrentes, sin pizca de consideración y comprensión de las necesidades de hombres, mujeres y niños, quienes dependen, desde la perspectiva económica y laboral, de los jefes de sus familias que, sin duda, tendrán que “hacer algo”.
Entre este “algo”, seguramente no estamos pensando que 55 mil familias ocupen el Zócalo y decidan, en un momento dado, “tomar el Palacio Nacional por ocurrencia”.
El Derecho les asiste, sin duda, en virtud de que “es propiedad de la Nación”. Aunque esto es hipotético, porque no se trata de “un pueblo sin Ley”. Pero no estaría por demás, preparar el Departamento cercano a CU, o la “casa de Campaña en la Roma” o, “ya de perdida, limpiar la ex residencia de Los Pinos, por cierto “muy sucia” por tanta “devolución al pueblo lo robado”.
Si el presidente López Obrador es juarista, lo mismo que el Congreso, que es donde se discutirá este planteamiento, sería bueno que todos, diputados y senadores, recordaran la frase de Don Benito Juárez, auténtico defensor de los derechos de los mexicanos, quien afirmó que: “Entre los individuos como entre las Naciones, el respeto al Derecho ajeno es la paz”. A esto, hay que repetir, que el actual presidente de México a lo largo de cinco años de gobierno, no se ha cansado en afirmar que: “Al margen de la Ley, nada”, y “Por encima de la Ley, nadie”. Para la Historia.
