Vecinos del conjunto habitacional La Cúspide en Lomas Verdes han interpuesto demandas civiles y penales contra los administradores ilegales que, mediante extorsión y abusos, les imponen cuotas extraordinarias y sanciones arbitrarias. Exigen justicia a las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Ante los múltiples abusos de estos «administradores», los vecinos acusan a estos individuos de extorsionarles por cualquier motivo inventado y sancionarles si no cumplen sus exigencias. Los denunciantes exigen justicia para acabar con esta situación de explotación.
Los afectados han solicitado la intervención urgente de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Quieren liberarse de lo que describen como una forma moderna de esclavitud impuesta por personas que ni son dueños ni residen en el edificio, ubicado en calle Praderas, San Mateo, número 41, Lomas Verdes.
María Cecilia Cruz, Manuel Maza, Verónica Rodríguez, Elvia Rebollar, Carlos Mejía y Humberto Romero, condóminos del edificio, han denunciado la apropiación ilegal de la administración por Carlos Ortega y Claudia Cruz. Estos individuos, apoyados por Cecilia Cruz Montes, Lourdes de la Chica y Michiko Honda, actúan como administradores sin legitimidad, imponiendo su voluntad sobre los verdaderos propietarios.
Los vecinos explican que esta privatización de la administración los ha convertido en rehenes en sus propias casas. Ortega y Cruz cobran cuotas extraordinarias de hasta 20 mil pesos, multan y privan de servicios a quienes no cumplen sus demandas, afirman.
Los afectados exigen auditorías exhaustivas a esta administración que comete múltiples arbitrariedades y fraudes, y temen por su seguridad.
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María Cecilia Cruz denuncia que estos problemas llevan años sin solución. Los administradores imponen cuotas adicionales de más de 20 mil pesos por departamento, además de los dos mil 300 pesos mensuales habituales. Alegan que estos fondos son para pintar el edificio, pero no presentan documentación adecuada ni realizan las obras prometidas.
Demanda civil
La situación ha llevado a los vecinos a interponer una demanda civil con el síndico de Naucalpan, Omar Melgoza. Además, han presentado una demanda penal, ya que los administradores cortaron el suministro de gas y bloquearon el acceso con cadenas, poniendo en riesgo a los 300 habitantes de los 48 departamentos en caso de emergencia.
Cecilia Cruz asegura que los administradores son groseros en las juntas y cambian las reglas a su conveniencia. Los vecinos reciben multas arbitrarias y enfrentan constantes amenazas. Por ello, piden a las autoridades su intervención urgente para resolver esta situación y devolverles la tranquilidad en sus hogares.
Finalmente, Cruz enfatiza la necesidad de acción inmediata: “Somos rehenes en nuestras propias casas. Estas personas son nuestros empleados, pero actúan como dueños, manejando cartas poder ilegítimas. Necesitamos que las autoridades nos escuchen y tomen medidas”.
