Por: Redacción
La reforma a la Constitución de la CDMX busca transformar la tolerancia en garantía de derechos para dos millones de personas que dependen del comercio popular.
Ciudad de México. El Congreso capitalino analiza una iniciativa de reforma a los artículos 10, 12 y 13 de la Constitución local, cuyo eje central es el reconocimiento pleno del comercio en la vía pública como una actividad sujeta a derechos y obligaciones. La propuesta, presentada por la diputada Diana Sánchez Barrios, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, busca revertir décadas de vulnerabilidad institucional para un sector que representa el sustento directo de casi dos millones de personas en la capital y más de 30 millones a nivel nacional.
El diagnóstico presentado subraya que la economía informal no es un fenómeno marginal, sino estructural, aportando aproximadamente el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. A pesar de su relevancia económica y su papel en la contención de la gentrificación al ofrecer productos a bajo costo, los trabajadores de este sector enfrentan carencias críticas: el 70% carece de seguridad social y el 80% no tiene acceso a servicios de salud. La iniciativa plantea que el ordenamiento de la ciudad no debe traducirse en expulsión, sino en la creación de censos claros y alternativas viables que garanticen el trabajo digno.
Un componente fundamental de la reforma es la perspectiva de género, dado que el 60% de quienes ejercen el comercio popular son mujeres, muchas de ellas jefas de familia y principales proveedoras. La propuesta enfatiza que la violencia institucional y el retiro forzoso de puestos de trabajo profundizan la desigualdad estructural. En este sentido, se hace un llamado a las autoridades para construir un modelo de convivencia urbana que incluya la participación real de las comerciantes en el diseño de las reglas de uso del espacio público.
La iniciativa también destaca la importancia del comercio popular como un pilar de la cultura y la economía social de la Ciudad de México. Se argumenta que negar el derecho al espacio público es negar el derecho a la ciudad misma para quienes han sido históricamente criminalizados. La reforma busca transitar hacia una «seguridad jurídica» que permita a los vendedores trabajar bajo reglas claras, protegiendo su única fuente de ingresos frente a decisiones administrativas unilaterales o arbitrarias.
Finalmente, el documento presentado ante la soberanía resalta que el comercio en vía pública es el rostro de una economía que resiste y sostiene a familias enteras. El objetivo de fondo es que el trabajo honesto permita vivir con dignidad, garantizando que el acceso a la educación y la alimentación de las nuevas generaciones no dependa de la informalidad absoluta, sino de un sistema de derechos reconocidos constitucionalmente que fortalezca el tejido social de la metrópoli.
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