Con el objetivo de mejorar la supervisión y el uso de recursos destinados a la protección animal, la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para crear el Padrón Nacional de Refugios de Animales, el cual estaría acompañado de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La propuesta legislativa contempla la adición del artículo 87 Bis 3 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como un nuevo párrafo al artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Fue turnada a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
De acuerdo con el proyecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en coordinación con autoridades estatales y municipales, será responsable de establecer, administrar y actualizar dicho padrón. Su función principal será identificar, supervisar y evaluar las condiciones sanitarias, operativas y administrativas de los refugios, así como verificar el uso adecuado de los recursos públicos asignados.
El registro en este padrón será obligatorio para todos los refugios, albergues y centros de rehabilitación animal que operen con recursos públicos o privados, y que ofrezcan atención a animales domésticos, silvestres o en situación de abandono.
Además, la SEMARNAT definirá los criterios mínimos de operación y bienestar animal que deberán cumplir los refugios para mantenerse activos en el padrón. Estos incluirán estándares en infraestructura, personal capacitado, atención médica veterinaria, condiciones de alojamiento, programas de adopción, así como mecanismos de transparencia administrativa.
El padrón será de acceso público, se actualizará al menos una vez al año y podrá contar con registros complementarios estatales, siempre que estén alineados a los lineamientos federales.
Los refugios inscritos estarán sujetos a inspecciones periódicas. En caso de incumplir los requisitos establecidos, podrán ser suspendidos o eliminados del registro, lo que les impediría acceder a recursos públicos.
Asimismo, la iniciativa plantea que cualquier subsidio, apoyo o convenio otorgado a estos centros deberá apegarse a criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. Las entidades receptoras deberán estar debidamente registradas y presentar informes trimestrales públicos sobre el uso de los recursos.
En su exposición de motivos, la legisladora Guerrero Esquivel subrayó que, a pesar de que el maltrato animal está tipificado como delito, entre 2019 y 2020 no se registraron vinculaciones a proceso ni sentencias, lo que evidencia la falta de mecanismos eficaces para la vigilancia y sanción.
La propuesta pretende llenar ese vacío institucional mediante un sistema confiable de monitoreo y control, que garantice que los refugios cumplan con estándares de bienestar animal y se fiscalicen adecuadamente los recursos públicos asignados a su operación.
