«Huachicol» fiscal golpea las finanzas del Estado mexicano


Por: Redacción

Advierten que el robo de combustible es un «cáncer» que no ha sido desterrado y exigen a la Secretaría de Hacienda informar sobre los beneficios de su estrategia.


CDMX. El Grupo Parlamentario del PAN, a través del diputado federal Daniel Chimal García, solicitó formalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un informe detallado sobre los impactos y beneficios de las acciones contra el mercado ilícito de combustible. El legislador advirtió que la dependencia no debe ser omisa ni cómplice en un delito que, en diversas ocasiones, ha involucrado a funcionarios federales y mandos de alto rango, afectando severamente el patrimonio nacional.

De acuerdo con datos oficiales de PEMEX, el huachicol fiscal representó un golpe directo a las finanzas del Estado equivalente al 14.4%. Las cifras del cierre de 2025 son alarmantes: se reportaron pérdidas por 23 mil 491 millones de pesos. «Pese a los operativos, este es un cáncer que no se ha podido desterrar; no vemos un combate frontal, sino únicamente actos mediáticos para la fotografía del Gobierno», señaló Chimal García.

El diputado subrayó la necesidad de entender la verdadera dimensión del problema desde la Cámara de Diputados para dotar de mejores insumos y mecanismos de control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a las Fuerzas Armadas. Criticó que existan decomisos que calificó como «show», donde el propio Estado simula logros para ocultar la falta de una estrategia sólida y coordinada que contenga el trasiego ilegal.

En este contexto, el panista recordó el reciente reclamo hacia el secretario Omar García Harfuch por un supuesto «decomiso histórico» en Tamaulipas. Chimal García calificó dicho evento como una farsa exhibida por el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde se habría pretendido ocultar el origen ilícito del combustible transportado por grupos criminales.

La exigencia es clara: pasar de la narrativa de los decomisos a un mecanismo de acción institucional que sanee las finanzas públicas y castigue a los responsables, sin importar su rango o cargo federal.


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