Así lo dice La Mont
Por Federico La Mont
¿Fidelidad?: El sistema político veracruzano se entiende a través de rupturas y lealtades que, más que convicción parecen semejanza de pactos de impunidad. La designación de Javier Duarte de Ochoa por parte de Fidel Herrera como su sucesor en 2010, desplazando a perfiles de trayectoria política como Héctor Yunes Landa, no fue un error de cálculo, sino una estrategia de blindaje.
Fidel, un animal político sabía que la supervivencia del «fidelismo» dependía de alguien que no solo le debiera la carrera, sino que dispuesto a cuidar las espaldas de quien le entregó el mando. Héctor Yunes, con una base representaba un riesgo de autonomía que el gobernador saliente no deseaba correr. La balanza se inclinó hacia Duarte porque personificaba la subordinación absoluta. Mientras Yunes Landa exigía la posición por derecho de antigüedad y mérito partidista, Duarte ofrecía la garantía del silencio y la continuidad financiera.
En este tablero, la influencia de factores externos y grupos de interés fue determinante. Se que la decisión fue validada por la necesidad de mantener el control sobre las estructuras que Herrera tejió durante su sexenio, algunas de ellas bajo la sombra de la sospecha por vínculos con grupos de la delincuencia organizada que comenzaban a asfixiar la entidad. Duarte no era un heredero, era un depositario de secretos.
Tragedia: El arribo de Javier Duarte a la gubernatura trajo consigo un factor que resultó oneroso para Veracruz: la presencia y el rol de Karime Macías Tubilla. Más allá de la figura decorativa tradicional del DIF, la cónyuge de Duarte se convirtió en un eje de operación política y financiera con un costo social y económico incalculable.
La famosa frase «merezco abundancia», plasmada en sus diarios, no fue solo un mantra personal, sino el reflejo de una administración que desvió miles de millones de pesos a través de empresas fantasma. El costo para Veracruz fue el colapso de sus instituciones de salud, la quiebra financiera de la Universidad Veracruzana y un endeudamiento que hipotecó el futuro de varias generaciones. La ambición de la pareja gubernamental rebasó límites, y la red de corrupción tejida desde la oficina del Patronato DIF estatal dejó fracturada la infraestructura y la seguridad del estado.
Colapso: Tras la caída de Duarte y el breve e intenso interregno del PAN con Miguel Ángel Yunes Linares, Veracruz entró en una fase de alternancia que prometía justicia pero entregó parálisis. La llegada de la 4T con Cuitláhuac García y la consolidación de dos sexenios de Morena considerando la inercia federal y la continuidad del proyecto dejaron un saldo agridulce.
Si bien se presume una mayor austeridad y el fin de los excesos faraónicos de la era priista, la realidad en las calles de Coatzacoalcos, Minatitlán o Poza Rica es la de un estado que sigue lidiando con niveles críticos de inseguridad y un estancamiento económico que la retórica oficial no logra ocultar. El paso del PRI al PAN y luego a Morena demuestean lo que cambiar de siglas no necesariamente desarticula las redes de poder local que mantienen a Veracruz como un botín en disputa.
La gestión actual fue cuestionada por su falta de pericia técnica y una dependencia total de la figura presidencial. El Veracruz de hoy es un contraste donde los programas sociales sostienen la popularidad del partido en el poder, pero la ausencia de inversión privada y la persistente violencia de género y criminalidad mantienen a la población en un estado de vulnerabilidad. La alternancia, que en 2016 se sintió como una liberación en solo un decenio se convirtió en una rutina de promesas postergadas, donde el «cambio» se estira para cubrir las mismas carencias de siempre.
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Escenario: Hacia el 2027, el panorama electoral se presenta como un campo de batalla definitivo. En estos comicios se renovará el Congreso Local y las curules federales, lo que servirá como un termómetro real para medir el desgaste de Morena tras casi década de dominio total y lo que se avizora es una fragmentación del voto.
Aunque el oficialismo mantiene una estructura sólida y el control de los programas sociales, la oposición cada vez más obligada a caminar junta por supervivencia buscará capitalizar el descontento en las zonas urbanas. El 2027 no será solo una elección intermedia; será el preludio de la batalla por la identidad misma de Veracruz.
Se vislumbra una lucha interna dentro de Morena por las candidaturas, donde los grupos locales intentarán imponer sus condiciones frente a la línea dictada desde el centro. Por otro lado, la sociedad civil veracruzana, enfrentará el reto de decidir si premia la estabilidad de los apoyos directos o castiga la falta de resultados en seguridad y crecimiento. La moneda está en el aire, pero lo cierto es que Veracruz sigue pagando las facturas de aquellos pactos de niebla firmados hace más de quince años en la soledad de la oficina del gobernador.
