La desaparición del cuerpo de Granaderos, prometida a finales de 2018 y decretada en 2019,
fue la promesa para acabar con la represión policial en la CDMX. Era el paso que permitiría
dejar atrás la confrontación en las calles. Pero ese cambio fue un engaño. Bajo el
gatopardismo administrativo, la disolución sólo sirvió para disfrazar y reubicar a sus
integrantes en nuevos agrupamientos, manteniendo intacta la fuerza represiva original.

Por: Gilberto Solorza González y Giovanna Patricia Barrios Montero

La Promesa Rota

La noche del 5 de noviembre del 2025 se sentía joven en la calle Dr. Lavista. El aire vibraba
con la irreverencia de la cumbia que bailaban los manifestantes. Este era un boicot sonoro y
festivo, organizado por quienes apoyan abiertamente a Palestina y se oponían a un evento
privado que se celebraba puertas adentro cuyo artista invitado era un ex soldado israelí. Los
policías antidisturbios, con sus escudos alineados, eran apenas un telón de fondo. No había
tensión de batalla, solo la burla contagiosa de un grupo que parecía divertirse al mismo
tiempo que protestaba.

El cambio fue inmediato. La escena se rompió cuando un oficial, aparentemente molesto por
la burla o el retraso en el concierto, eligió a una víctima y actuó. No fue un empujón de
contención; fue un impacto directo y deliberado. El sonido sordo del golpe, hueso contra
plástico, contra carne, cortó la música.

Para Sally, militante y fundadora del Bloque Rojo, el recuerdo es la pura incongruencia:
“Estábamos bailando una cumbia antigentrificación con un peluchito de Cheems, y de
repente el policía se arde mucho y golpea a la compañera. Todo escaló de la nada.”

La calle se hundió en el pánico. El muro de escudos, antes estático, se convirtió en una ola
que avanzó sin mediar palabra. ¿Pero cómo era posible eso si se le había jurado a la
población de la capital mexicana que eso no volvería a pasar?

La promesa de la no represión, jurada tres años antes por la administración capitalina, se hizo
trizas en el instante en que esa compañera cayó al asfalto. El dolor ajeno, la vista de la
agresión, se convirtió en el anclaje de una certeza amarga: la fuerza no se había ido, solo se
había ocultado.

La Máscara de la Transformación

A finales de 2018, la entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
Pardo, subió al estrado del H. Congreso de la Ciudad de México para realizar su toma de
protesta. Allí, ante la tribuna, realizó un anuncio que parecía cerrar una herida histórica.

Con gran esmero, pronunció las siguientes palabras, citando directamente las demandas del
movimiento de 1968:

“En cumplimiento de una de las demandas del movimiento estudiantil de 1968, y en
la facultad que me otorga como jefa de Gobierno la Constitución Política de la
Ciudad de México, he pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición
definitiva del cuerpo de granaderos.”

Parecía estar cumpliendo con una exigencia social largamente pospuesta y abría, finalmente,
una ventana de esperanza para el diálogo negada durante tanto tiempo por gobiernos pasados.

El decreto de disolución no tardaría en formalizarse: la transición se daría en un máximo de
seis meses y, para mayo de 2019, se daría a conocer a la población que, por medio del oficio
No. SSC/CA/0875/2019, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) daba por terminadas
las funciones de la Brigada de Granaderos.

El anuncio llenó notas de periódicos y encabezados en línea, pero a muchos pareció
habérseles olvidado un pequeño detalle: sí, la decisión de desaparecer el Cuerpo de
Granaderos había sido tomada e implementada formalmente, ya no existía dicho grupo; sin
embargo, ni el equipamiento, ni los dirigentes, ni los miembros desaparecieron del mapa. El
mismo oficio anteriormente citado dicta explícitamente que fueron canalizados a nuevos
grupos de acuerpamiento de la recién reformada SSC.

El supuesto fin del Cuerpo de Granaderos fue, en realidad, un manual de gatopardismo
político. Este engaño, que se basa en la cómoda idea de “cambiar todo para que nada
cambie”, se aplicó a la seguridad capitalina para vestir de civil a la confrontación. La unidad
histórica, despojada de su nombre infame, no desapareció: fue desmembrada y reestructurada
de manera estratégica, tal como se documentó en el Comunicado 1426 de la SSC, para
asegurar que su capacidad de contención se mantuviera intacta.

Los 2,100 elementos de los extintos Granaderos fueron redistribuidos con la diligencia de
quien reubica activos valiosos. Parte de este personal se integró al nuevo Comando de
Operaciones Especiales (COE), una unidad presentada como “élite táctica” con cerca de
3,000 elementos. El COE se formó con Granaderos reasignados, el Grupo Especial, y la
Fuerza de Tarea —el grupo de élite conocido operativamente como Zorros (activo desde
1983)—. El resultado fue la creación de un flamante cuerpo de choque y asalto, dotado de
capacidad táctica para operativos de alto impacto y combate a la delincuencia organizada,
heredando y, de paso, refinando el músculo duro de la vieja guardia.

El personal restante se canalizó a la Unidad Táctica de Auxilio a la Población (UTAP), cuyo
título, convenientemente, solo sugiere asistencia ciudadana. Esta unidad integró a la Policía
Montada, Ambiental, del Transporte y, de manera crucial, a la Policía Femenil (las Ateneas).

Éstas últimas asumieron el rol de manejo de concentraciones y movilizaciones sociales
feministas que antes recaía en los Granaderos. A pesar de su capacitación en derechos
humanos, su despliegue en la primera línea de las protestas las convirtió en el principal muro
de contención, utilizando la presencia femenina y la retórica del “auxilio” para enmascarar la
persistencia de la función de control de masas.

El resultado final de esta maniobra administrativa es contundente: la Jefa de Gobierno y la
SSC pueden mostrar ante la opinión pública un logro político indiscutible—la eliminación
formal del Granadero—, validado por un comunicado oficial y ampliamente celebrado. Sin
embargo, detrás de la cortina del cambio de nombre, ni el equipo, ni las tácticas, ni el
personal con experiencia en contención social fueron desmantelados; simplemente se les giró
una nueva orden de servicio. Los rostros que antes portaban cascos antimotines ahora visten
los uniformes de las nuevas unidades tácticas, confirmando que el problema, en esencia, no
era el policía, sino el nombre que portaba.

La Defensa del Status Quo

Es posible que, para el ciudadano ajeno a la adrenalina cruda de las calles y el asfalto caliente
de la protesta, la existencia de los Granaderos no fuera un problema, sino una solución. La
visión cómoda, la que sostiene el status quo, los presenta como un mal necesario, un muro de
cascos y escudos indispensable para la conservación de la paz y el orden en una ciudad
siempre al borde del caos.

Sin embargo, la historia de esta corporación es, en realidad, un prontuario de brutalidad
sistemática que desmiente cualquier supuesta necesidad. No hay paz en la represión. Para
entender la genética violenta que la desaparición de 2019 pretendió borrar, es obligatorio
mirar atrás, a la noche fría del 1º de diciembre de 2014.

Ese día, al término de la manifestación por Ayotzinapa, la contención se transformó en
cacería. Los hechos no son un rumor; están encerrados en el peso formal de la
Recomendación 17/2015 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF), un documento que se lee como una larga acta de lesiones. El expediente, cuyo
Anexo V. Evidencias funciona como un espejo roto de esa jornada, fue contundente:
demostró que elementos de la extinta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
(SSPDF), actuando en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF), cometieron graves violaciones.

No fueron incidentes menores. La CDHDF certificó violaciones directas a los derechos a la
manifestación, la libertad, la integridad personal y el debido proceso. El expediente nombra a
las víctimas, a aquellos cuyos cuerpos atestiguaron la violencia desmedida. Gente como Ariel
Flores Pérez, Karla Inés Ríos Nava, Araceli Buendía Hernández, Amado Miguel Barrera
Rocha, y César Alejandro Castañeda López fueron blanco directo de los policías antimotines
(Granaderos), quienes ejecutaron detenciones arbitrarias con un uso excesivo de la fuerza que
dejó marcas. Los golpes secos, las lesiones en la cabeza, las equimosis certificadas en las
actas no eran accidentes de contención; eran la firma de una institución que, bajo su nombre
oficial, ejercía el terror táctico.

La prueba de que el terror táctico persiste y se perpetra desde la misma institución se
encuentra documentada en la Recomendación 24/2023 de la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México (CDHCM). Este documento, emitido contra la SSC, registra actos de
hostigamiento y maltrato suscitados en el contexto de una manifestación, confirmando que la
inadecuada actuación policial sigue siendo una práctica recurrente y sistémica.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 15 de septiembre de 2021, en la plancha del Zócalo.
Las víctimas —Laura Ivonne Kabata de Anda, Virginia de la Garza Apátiga, y Héctor Soria
Flores—, quienes se encontraban en campamentos de protesta, fueron confrontadas por un
grupo de aproximadamente 30 elementos de la SSC-CDMX. La CDHCM determinó que los
policías, aunque formalmente no pertenecían al extinto cuerpo de Granaderos, incurrieron en
una inadecuada actuación en intervenciones policiales.

El expediente acreditó la violación del Derecho a la seguridad jurídica y, de manera crucial,
el Derecho a la integridad personal, específicamente por el maltrato verbal y psicoemocional
infligido a los manifestantes. Los policías, en lugar de cumplir con su deber de informar y
proteger; retuvieron a las víctimas, se burlaron de ellas y les profirieron amenazas, causando
miedo y angustia, replicando el patrón de amedrentamiento y uso desmedido de la fuerza
psicológica que la antigua brigada había cimentado.

La Recomendación 24/2023, tan solo dos años después de la disolución de los Granaderos,
demuestra la farsa: la fuerza de contención del Estado no se extinguió, simplemente fue
vestida con uniformes nuevos y redistribuida en unidades.

Si este fue el caso, ¿cómo es posible no solo que se quede el gobierno de la capital de brazos
cruzados ante el tema, sino que, incluso, aliente el sistema tal y cómo está? Se concretó una
entrevista con el servidor público Miguel Ángel Cruz Nava, quien trabaja en el Estado de
México pero tiene amplio conocimiento sobre la operatividad policial en la zona
metropolitana, para comprender la lógica detrás de la persistencia de estos cuerpos, desde la
perspectiva institucional.

“Bueno, más que nada esta promesa que en su momento dio la jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum, bueno, es algo natural la promesa de poder deducir o en su caso
extinguir como tal lo que es el cuerpo de granaderos policiales. Sin embargo,
obviamente esto debe ser de forma gradual, no se puede hacerlo de forma tajante, ya
que requiere tiempo. Y bueno, es algo que al día de hoy, sin embargo, como tú me
acabas de comentar, no se ha podido solucionar o estar completamente disuelto del
todo”, declaró al habérsele cuestionado sobre la promesa de extinción total al cuerpo
de Granaderos y no limitarse a un cambio superficial.

El supuesto fin del Granadero se diluye en esta retórica de la necesidad. La fuerza se
mantiene, se le cambia el nombre y se le dota de una nueva narrativa porque, para el
gobierno, sigue siendo un activo vital para evitar que el desorden público escale. Es por esto
que la instrucción base es que el policía no debe actuar de forma tajante.

“Justamente es un tema bastante interesante el uso de la fuerza, ya que existen niveles
[…] Siempre el uso de la fuerza debe ser proporcional a lo que está ocurriendo”,
explicó el servidor público Ángel Cruz Nava.

Este protocolo teórico dicta una escalada de violencia, donde el diálogo es la primera
herramienta, y el arma de fuego, la última. Cruz Nava enfatizó que este rigor busca
enmarcarse en la defensa de los Derechos Humanos, buscando que el policía no ejerza un
daño excesivo si no es necesario: “Si una persona no tiene armas, por supuesto que un policía
no puede utilizar la suya, siempre se va a tener que utilizar primordialmente lo que es el
diálogo, las señas y el uso de la voz para poder tranquilizar a la persona”.

Sin embargo, el marco legal colapsa en el instante en que el golpe de un policía interrumpe
una protesta pacífica. El mismo entrevistado reconoció la grieta entre la teoría inobjetable y
la cruda realidad de la práctica:

“De hecho, a veces circulan incluso videos por las redes sociales en los que los
policías disparan, si no ves bien, a la persona al suelo, ¿para qué? Para justamente
darles ese miedo a las personas de que ya no sigan haciendo la protesta […]. Sin
embargo, sigue siendo un uso excesivo y lamentablemente es algo que todavía
algunos policías generalmente llegan a hacer”.

Con todo lo dicho, incluso, haciendo uso de fuerza mayor, la labor del policía parece
meramente disuasorio. Para reafirmar esto, la visión institucional señala a los manifestantes
como los actores que escalan la violencia.

GS: “¿Quiénes usualmente empiezan quizá los conflictos en las marchas, los
marchantes o el cuerpo policíaco?”

E: “Bueno, por lo regular siempre son los marchantes, ya que su forma de
representarse a veces no puede ser la correcta”, aseguró Cruz Nava. “La policía, como
siempre se ha visto, pues realmente lo que hacen en forma concreta es una barrera […]
Los marchantes, pues lo que tratan de hacer es desmantelar lo que es esta fila para
poder causar los daños que justamente a lo mejor quisieran hacer”.

La represión, desde esta óptica, no es una táctica, sino una reacción justificada por el riesgo
de que el orden sea desmantelado. No obstante, el entrevistado admitió el peso de la historia:
“Los policías de años pasados hacen que se vean como ese tipo de una visión distinta al
cuerpo policial”.

Al final, la institución sabe que el problema de fondo es la falta de confianza, pero insistió en
que la responsabilidad recae tanto en la policía como en la ciudadanía. La única vía para
sanar la herida, concluyó, es la actualización constante y la transparencia:

“Para que la relación entre el policía y la ciudadanía mejore, sí realmente se tendría
que quitar primero ese estereotipo de que el policía es malo, que es corrupto […] Sin
embargo, es cuestión de tiempo, de tiempo para que realmente las personas se den
cuenta que con este cambio, posiblemente de gobierno, el cuerpo policial es distinto,
es diferente a lo que tal vez ellos conocen anteriormente”.

Cuestión de Tiempo

La última frase del servidor público Miguel Ángel Cruz Nava resonó con una promesa vacía:
sanar la herida entre policía y ciudadanía era solo “cuestión de tiempo”. Una declaración que
encierra la inercia de la institución, la esperanza del status quo y el tiempo que el poder
necesita para que el cambio de nombre se naturalice.

Pero en la calle, el tiempo corre de otra manera. Allí, los minutos se miden en el impacto de
un golpe o la sofocación del gas.

Para Sally, militante comunista y fundadora del Bloque Rojo, la única cosa que nunca ha sido
“cuestión de tiempo” es la represión. Ella, quien asiste a movilizaciones casi como un trabajo
diario de vanguardia, no necesita esperar para sentir el peso de la fuerza estatal.

Para quienes viven la militancia, la disolución de 2019 es una farsa constante. Afirmó Sally:
“Yo no llevo tanto tiempo, pero no, no ha cambiado. O sea, literalmente es como un
chiste que tenemos dentro del activismo así de qué así ‘no, ya no hay granaderos,
acuérdate’. Siempre es un chiste que hacemos. Pero no, o sea, es exactamente lo
mismo, no hay diferencia”.

Mientras el servidor público insistía en el rigor del protocolo —el diálogo como primera
herramienta y el uso de la fuerza siempre proporcional—, la experiencia de Sally en la calle
lo desmiente con el sonido sordo del asfalto. El ejemplo más reciente, el incidente en el Indie
Rocks en 2025 narrada al principio del reportaje, ilustra la escalada de violencia repentina e
injustificada. El recuerdo es físico: cómo fue encapsulada, golpeada, y la pérdida económica
de sus herramientas de defensa y perímetro: un bastón y una resortera.

Su postura desafía directamente la narrativa institucional de que “por lo regular siempre son
los marchantes” quienes inician el conflicto. Sally describe a los manifestantes como
personas que reaccionan con indignación y miedo, a menudo de forma “caótica” y a “puño
limpio”.

Ante esta realidad, el Bloque Rojo opera como una fuerza de apoyo y acuerpamiento. Su
función no es crear iniciativas, sino adherirse a lo ya planeado y servir como respaldo táctico
para el contingente. El objetivo, explica, es mantener la línea de vida y la formación de
defensa para el resto de los manifestantes. Detalló:

“Somos más bien los que delimitamos, los que observamos, los que tenemos esa
experiencia y además tenemos las herramientas para lidiar con distintas cosas y el
contacto de los compañeros si se necesitase, o sea, en el momento de represión.
Vamos un poco como observadores, un poco como acuerpando, un poco como
también en modo de primeros auxilios”.

Su propia posición es siempre una de riesgo calculado, colocándose entre la policía y el
contingente. Este enfoque no es impulsivo, sino una táctica de “defensa más que de ataque
directo”.

Sally confirmó que la disolución formal de los Granaderos fue un mero cambio de uniforme.
Al ser cuestionada sobre si ha notado cambios en las tácticas de los nuevos agrupamientos, su
respuesta fue tajante. Declaró:

“Son Zorros, sí, Ateneas, Guerreros, todos esos… No, pues no, no he notado cambios
la verdad”.

El protocolo institucional insiste en el diálogo, pero para Sally, esta es otra farsa. La
comunicación con la policía no existe; sus “indicaciones” siempre buscan que el manifestante
haga el trabajo del policía más fácil. El diálogo real ocurre únicamente con Gobernación o los
de Concertación —a quienes describe como “esencialmente policías con otro nombre”—, que
invariablemente procuran el interés del gobierno antes que el de la ciudadanía.

La vigilancia y la inteligencia policial también se disfrazan. Para la militancia, la presencia de
la autoridad no se limita al muro de escudos; la conocen de cerca, en ropa civil, como
elementos de inteligencia.

GB: También ¿has visto infiltrados o has identificado que haya infiltrados policías,
granaderos, políticos?

Sally afirmó: Pues o sea, siempre hay. Siempre están los supuestos policías en ropa
civil que nadie jamás… bueno, al menos todos los que hemos ido a algunas
movilizaciones políticas, todos sabemos perfectamente que son policías. De hecho,
identificas ya un montón de ellos con el tiempo. Los puedes ver. Casi todos traen un
gorrito a esta altura más o menos, y traen radio. Eso es como la manera más fácil de
identificarlos, pero igual los terminas identificando con sus caras, con el tiempo.

Esta vigilancia subraya que la contención no es una reacción espontánea, sino una estrategia
de vigilancia y desarticulación.

Sally también identificó que la violencia más brutal se ha “externalizado”, concentrándose
ahora en la periferia, zonas alejadas del centro de la CDMX y poblaciones marginalizadas,
como los comerciantes ambulantes y los normalistas rurales. Aseguró la militante:
“Es menos mediático, la gente acepta esa represión como más normal, entonces son
con los que se sueltan más”.

El testimonio de Sally revela que la fuerza no se ha extinguido, sólo ha sido vestida con
uniformes nuevos (Zorros, Ateneas) y su brutalidad más extrema ha sido reubicada
geográficamente, cumpliendo el principio del gatopardismo: el poder solo cambia de
estrategia para mantener el control.

Al abordar el impacto emocional, Sally rechazó la narrativa de la víctima que busca ayuda
psicológica individual. Su represión, insistió, es un acto político, y como tal, debe ser tratado.
Explicó con convicción:

“A mí me gusta la ayuda política, que se me brinda ayuda política en el sentido de que
se politice mi, o sea, la represión que sufrí, que se politice como todas las cosas que
me pasan. No quiero que sea algo como individual, que es algo como a nivel personal,
sino quiero que, o sea, toda mi vida es pública, toda mi vida es política, no hay nada
que sea personal”.

Esta negación de lo individual y la afirmación de la militancia es el punto de quiebre final
con la narrativa institucional: no se trata de un policía indisciplinado o de un manifestante
asustado; se trata de una confrontación ideológica entre la clase trabajadora que se organiza y
un Estado capitalista que, sin importar el partido en el poder, mantiene la fuerza policial
represiva para proteger la propiedad privada. Por ello, la promesa de la extinción de los
Granaderos, para ella, jamás fue creíble.

La Lógica del Caos

Por ahora se mantiene una idea casi maniqueísta en torno al asunto: instituciones que
confrontan las críticas con la idea de “un mal menor” y activistas altamente involucrados en
la trama de las marchas y manifestaciones a tal punto que se vuelve casi su trabajo formal.
Sin embargo, ¿qué pasa si introducimos a la ecuación un tercer elemento, digamos, un poco
más neutral? Alguien que sí, se involucra en las marchas cuyo tema les interesa, pero se
niegan a pertenecer a algún colectivo.

En la tercera y última entrevista del reportaje pudimos dar con una testigo que, aunque pidió
permanecer en anonimato, termina de sellar el complejo asunto pues decide asistir “por
cuenta propia”. Su motivación no es la militancia, sino la documentación:

“Por lo regular voy para generar contenido para mi página, bueno, mi archivo
fotográfico digital, entonces pues más que nada es para eso, para tomar fotografías”.

Esta posición de observadora y fotógrafa hace que su testimonio sea un termómetro de la
tensión cotidiana en las calles. Describe el ambiente de las marchas como uno de “unión,
pero también de mucho caos”. La necesidad de estar alerta se dirige tanto a los riesgos
internos de la movilización como a la presencia policial:

“Tienes que estar muy alerta en todo momento para cualquier situación que ocurra
tanto con la policía como dentro de la marcha que pueda haber algún accidente”.

Su relato más reciente se centró en la marcha por Palestina del 7 de octubre, un día donde la
violencia policial contradijo la narrativa de contención. A la altura del Caballito,en Reforma,
la policía agredió al Bloque Negro, el cual, según la testigo, se mantuvo de “manera
pacífica”. La violencia fue “muy injustificada” y dejó consecuencias graves: una persona
necesitó una tomografía por un golpe en la cabeza que le hizo perder la noción, y una menor
de edad fue pateada en el pecho hasta sacarle el aire de un pulmón.

Además de la violencia física, la represión tomó la forma del despojo. La policía robó
mochilas a los jóvenes del contingente de preparatoria. Este acto, sumado a la ineficacia de
los cuerpos de derechos humanos como Marabunta, obligó a los mismos civiles preparados a
encargarse de la atención médica de los heridos.

Aunque la testigo desconocía el contexto exacto de la desaparición formal del Cuerpo de
Granaderos en 2019, al ser informada sobre el anuncio de Claudia Sheinbaum, su experiencia
en la calle validó la tesis central de este reportaje. Ella fue contundente:

“Creo que en ningún momento hubo la [disolución] de estos grupos… solamente cambian de
táctica para oprimir y reprimir a los grupos, pero no, o sea, solamente cambia el método de
represión y no, no existe la disolución de ellos”.

El cambio de táctica no es para reducir la violencia, sino para “disfrazarla”. Si bien la policía
no porta ahora “armas de fuego” de manera evidente, “siguen utilizando garrotes, siguen
usando su fuerza bruta”. Desde su perspectiva, el futuro no es alentador, pues “va a seguir
igual definitivamente”, ya que el poder siempre buscará salvaguardar sus intereses ante la
oposición de las marchas.

El temor en las marchas no se limita a la confrontación directa; se extiende al seguimiento y
la vigilancia encubierta, un indicio clave de la persistencia de los grupos de inteligencia
policial.

La testigo confirmó haber identificado a “policías vestidos de civil” cuya función era vigilar a
los estudiantes. Su experiencia le permite identificar a los infiltrados no por la ropa, sino por
su postura y por el patrón táctico que utilizan:

“Normalmente te das cuenta en la postura de las personas, en que, por ejemplo… no se
mantienen solos, siempre están en grupos, normalmente de más de cuatro personas,
cuatro a seis personas. Además, suelen estar en moto, o sea, hay alguna moto o
transporte cerca de ellos que los va a proteger o salvaguardar si en algún momento se
requiere”.

Esta vigilancia activa continúa incluso después de que la marcha termina. La testigo relató
cómo, al salir de una marcha por la legalización del aborto, policías que habían estado
presentes en la movilización los siguieron, observaron y “comenzaron a grabar” a ella y a sus
acompañantes dentro del vagón del metro.

La amenaza latente obliga a los manifestantes a adoptar protocolos de autoprotección que
reflejan la desconfianza total en las autoridades. Estos incluyen llevar un cambio de ropa para
no ser visibles o reconocibles en el transporte público, tapar tatuajes o cabello reconocible, y
apuntar datos generales (nombre, teléfono, tipo de sangre) en alguna parte del cuerpo para
usar en caso de accidente o en el riesgo de una “desaparición forzada” o arresto. Incluso se
práctica el protocolo de gritar el nombre y la fecha del día en caso de ser llevada en contra de
su voluntad.

Para la testigo, la presencia policial no equivale a seguridad; es un factor de riesgo.
“Si llego a una marcha y veo bastantes elementos de seguridad, es como un elemento
para estar mucho más alerta, creo que en ningún momento relaciono la policía con la
seguridad”.

Esta percepción genera una estrategia de disuasión: si el riesgo a la integridad es demasiado
alto por la presencia policial, se prefiere no asistir, lo que ayuda a la policía a “disolver la
movilización”.

Esta disuasión no es espontánea. El observador concluye que la acción policial no es
improvisada, sino que obedece a un protocolo y un plan preestablecido: “Todo tiene ya su
protocolo, su plan y nada es improvisado, o sea todo lo que hacen los policías”. El pánico y el
caos aparente son parte de una lógica estructural, confirmando que el poder solo cambió el
nombre, pero mantuvo el músculo y la estrategia para controlar la disidencia.

La Ficción de la No-Represión

La promesa se pronunció con la solemnidad del cambio histórico: la Jefa de Gobierno
declaraba la desaparición definitiva del Cuerpo de Granaderos. Cinco años después, esta
investigación demuestra que esa declaración, más que una transformación, fue una maniobra
de gatopardismo político diseñada para calmar la indignación pública sin desmantelar el
músculo represivo del Estado. El problema nunca fue el casco antimotín, sino la estrategia de
contención social, y esta sigue intacta.

La tesis de este reportaje se sostiene en la experiencia cruda de la calle, refrendada por los
documentos oficiales y, paradójicamente, por el mismo blindaje de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC).

La SSC es tan consciente de que su reestructuración es una farsa que se ha negado a
transparentar su operatividad. La información institucional que habría permitido a la
ciudadanía fiscalizar la reubicación de los ex granaderos fue activamente ocultada. Nuestra
solicitud de requerimiento de información ante la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo
el folio 090163425003680, fue atendida mediante el oficio SSC/DEUT/UT/7773/2025. El
acceso a los datos fue catalogado como Reservado.

La justificación oficial es un intento de desviar la atención, un escudo administrativo que
protege la verdad. Según la SSC, la divulgación se niega porque existe una “alta probabilidad
de que la delincuencia al conocer esta información, la utilicen en su beneficio para obstruir
las acciones” que, en materia de prevención y combate a la delincuencia, realiza esta
Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Esta excusa ignora un punto fundamental: los manifestantes y los defensores de derechos
humanos no buscan datos para combatir el crimen organizado; buscan la trazabilidad de la
fuerza represiva y la confirmación de que los antiguos Granaderos, ahora bajo las etiquetas de
COE, Zorros y Ateneas, han abandonado las tácticas de brutalidad.

El silencio institucional se vuelve, así, una confirmación activa de nuestra tesis: la fuerza no
se ha ido, solo se ha camuflado, manteniendo la capacidad de golpear en el asfalto y de
vigilar desde la sombra. Como afirmó la activista Sally, para quienes viven en el primer
frente de la protesta, el fin de Granaderos es “un chiste” recurrente.

La reestructuración de 2019 no fue un acto de paz; fue una estrategia de control. La Jefa de
Gobierno de entonces, y ahora Presidenta de la República, ofreció una ilusión de cambio para
que todo siguiera igual. El tiempo no sanará la herida; solo la acción ciudadana que
desenmascare esta verdad permitirá que la fuerza policial de la capital deje de ser una barrera
contra la protesta y comience, finalmente, a ser una garantía de seguridad.