Por: Fernando Dávila
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) provocó controversia al exigirle al periodista de nota roja Carlos Jiménez, conocido como C4, la identidad y el método de contacto de la persona que le entregó un video relacionado con un cateo y la detención de presuntos narcomenudistas.
Ángela Carbajal, agente del Ministerio Público, firmó el oficio que un juez ordenó entregar, con el que demanda que el periodista revele la información de su fuente en menos de 48 horas. El gremio periodístico calificó la medida como un ataque directo al secreto profesional, principio clave para el ejercicio libre de la prensa y la denuncia en México.
C4 hizo público el requerimiento en su cuenta de X y afirmó que la solicitud “le da risa”, ya que pretende obligarlo a revelar sus fuentes. “Me piden que les diga cómo obtuve el video, quién me lo proporcionó y el número de teléfono donde me lo mandaron en menos de 48 horas”, explicó.
Horas después, la FGJCDMX se deslindó y aseguró que solo actúa como “conducto” para cumplir el mandato judicial emitido por un Juez de Control. La defensa de los implicados en una investigación por delitos contra la salud solicitó esa orden después del cateo realizado el 13 de noviembre en Iztapalapa.
El video que C4 difundió en el programa “C4 en Alerta” muestra a elementos de la Policía de Investigación durante una detención en un domicilio donde presuntamente almacenaban droga.
Aunque el periodista reaccionó con ironía, la Fiscalía respondió en X que él “está en todo su derecho de atender la solicitud del juez o impugnarla”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene en su jurisprudencia que “resulta ilegal exigir al informador revelar sus fuentes”, con base en los artículos 6º y 7º constitucionales.
En la Ciudad de México también rige la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico, que reconoce este derecho como inalienable para proteger la identidad de las fuentes frente a posibles represalias.
Al exigir el número telefónico y la vía de obtención del video, las autoridades capitalinas intentan identificar a la fuente, lo que viola directamente estas protecciones legales.
Se espera que el equipo legal de Carlos Jiménez prepare una impugnación para defender el derecho fundamental, que permite al periodismo documentar y exponer hechos de interés público sin poner en riesgo a quienes colaboran con información.
