Un grupo de trabajadores jubilados del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM) bloqueó esta mañana la avenida Mario Colín, una de las principales vialidades de Tlalnepantla, para exigir el pago de la prima de antigüedad correspondiente a su retiro.
Aunque el gobierno municipal aseguró que dicha prestación será cubierta conforme al convenio establecido, los inconformes demandan una resolución inmediata, a pesar de que el pago se encuentra en proceso de revisión jurídica.
Según lo informado por el gobierno de Tlalnepantla, el convenio firmado con el SUTEyM estipula que los trabajadores jubilados deben recibir una prima de antigüedad equivalente a 60 días de salario por cada año trabajado, prestación que, conforme a la ley, sustituye a cualquier otro pago de jubilación si representa un mayor beneficio para el trabajador.
Los manifestantes, en su mayoría jubilados desde el 31 de diciembre pasado, argumentaron que se les adeudan tanto la prima de antigüedad como el pago por concepto de jubilación. No obstante, el Artículo 80 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios establece que los trabajadores deben recibir únicamente la prestación que más los favorezca, y no ambas si son de naturaleza similar, como ocurre en este caso.
Ante la presión social y para evitar un conflicto mayor, el gobierno local propuso acudir a los tribunales laborales para que sea una autoridad la que defina con claridad qué corresponde pagar a los ex trabajadores. La administración encabezada por Raciel Pérez Cruz reiteró su compromiso de respetar los derechos laborales y ofreció incluso un adelanto económico, como muestra de voluntad para cumplir con las obligaciones legales.
A pesar de las limitaciones presupuestales heredadas del gobierno anterior, la administración actual ya trabaja con un calendario de pagos para garantizar la disponibilidad de recursos y dar respuesta a los compromisos con extrabajadores. La autoridad local subrayó que cuenta con 30 días legales para cumplir con el pago de las prestaciones tras la jubilación.
Por ahora, los extrabajadores han decidido esperar la resolución del Tribunal, aunque mantienen vigilancia activa sobre el cumplimiento del acuerdo, confiando en que se respetará lo pactado en su favor.
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