Por: Gilberto Solorza
Las reformas al Reglamento Interno del Tribunal Universitario de la UNAM, promovidas como medidas para combatir el narcomenudeo y el vandalismo, han provocado una fuerte reacción de parte del estudiantado, que acusa a las autoridades de criminalizar la protesta social dentro de los planteles.
Pese a que el rector Leonardo Lomelí accedió a revisar los cambios para evitar ambigüedades, los estudiantes organizados calificaron esta medida como insuficiente y exigieron la desaparición total del Tribunal Universitario, al que señalan como un órgano represivo y carente de legitimidad democrática.
Durante una asamblea interuniversitaria, representantes de diversas facultades denunciaron que el Tribunal ha sido utilizado históricamente como herramienta para sancionar la disidencia y debilitar los movimientos estudiantiles. “Este órgano no representa los principios de autonomía ni de democracia que la comunidad universitaria debería defender”, afirmó una vocera de la Facultad de Filosofía y Letras.
Facultades en protesta y demandas más amplias
Las manifestaciones se han extendido a facultades como Ciencias Políticas, Artes y Diseño, Filosofía, Química, Trabajo Social y Arquitectura, donde estudiantes han realizado paros parciales, colocado mantas y difundido información bajo los hashtags #FueraElTribunal y #UNAMNoEsCuartel.
Además de rechazar las reformas, los colectivos estudiantiles plantean demandas estructurales como:
- Instalación de comedores subsidiados con menús accesibles y nutritivos en todos los planteles.
- Reinserción inmediata de estudiantes expulsados por participar en protestas en años anteriores.
- Ruptura de relaciones académicas con instituciones israelíes, en apoyo al movimiento global de boicot por Palestina, al considerar que dichas alianzas avalan prácticas vinculadas con violaciones a los derechos humanos.
«Una universidad pública no puede asociarse con quienes ejecutan o respaldan un genocidio. La neutralidad es complicidad», declararon frente a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.
Autoridades mantienen postura
Desde rectoría se ha señalado que el objetivo de las reformas es “proteger a la comunidad universitaria”, ante un aumento en las denuncias de narcomenudeo. Sin embargo, los estudiantes advierten que el verdadero objetivo es implementar una política de control que pone en riesgo la libertad de organización y expresión en la universidad.
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