La diputada Ruth Salinas Reyes, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de México una iniciativa que busca castigar con mayor severidad las amenazas contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

La propuesta contempla sanciones de hasta siete años y seis meses de prisión cuando estas conductas se realicen de manera anónima, mediante redes sociales, medios digitales, difusión pública, con armas, en grupo o por parte de servidores públicos en ejercicio de su cargo.

De acuerdo con cifras de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras en el Estado de México, entre mayo de 2023 y julio de 2025 se registraron 232 agresiones contra estos sectores, de las cuales 32 correspondieron a amenazas cumplidas: 23 contra personas defensoras y nueve contra periodistas. Ante este panorama, la legisladora subrayó la urgencia de actualizar el marco legal.

La iniciativa plantea sanciones diferenciadas: hasta tres años de prisión por amenazas que impliquen daño a la persona, su familia, vínculos afectivos, bienes, honra o libertad; hasta dos años cuando generen un mal que no constituya delito pero afecte la tranquilidad; y hasta cinco años si la amenaza implica la comisión de un delito grave. Las penas podrían aumentar hasta en una mitad en los casos agravados.

El documento precisa que no se considerarán delitos las conductas derivadas de la libertad de expresión, la actividad periodística, la protesta social o la crítica hacia servidores públicos por razón de sus funciones. Además, establece que, en caso de que una amenaza se cumpla, se acumularán las sanciones correspondientes tanto a la amenaza como al delito cometido.

Como medidas adicionales, Movimiento Ciudadano propuso que el Estado implemente un protocolo de intervención e interacción de las fuerzas de seguridad con periodistas y defensores, un registro voluntario de contacto para emergencias y la elaboración periódica de protocolos con base en estándares internacionales de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La iniciativa será discutida en comisiones para su análisis y eventual aprobación.

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