Por: Redacción
La propuesta de reforma al artículo 132 busca que la inclusión deje de depender de la voluntad empresarial y se convierta en una obligación verificable para garantizar empleos dignos.
CDMX. En un esfuerzo por saldar una de las deudas estructurales más profundas en materia de igualdad, la diputada Mónica Herrera Villavicencio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo. La propuesta busca establecer una cuota obligatoria de contratación para personas con discapacidad, equivalente al 5% de la plantilla laboral en aquellas empresas que cuenten con más de 50 trabajadores, transformando la inclusión de un acto de voluntad en una responsabilidad jurídica.
La legisladora subrayó que, pese a los avances normativos previos, millones de mexicanos con discapacidad siguen enfrentando barreras físicas, actitudinales y normativas que limitan su acceso al mercado formal. Según datos del INEGI, en el país residen más de 9.5 millones de personas con esta condición, lo que representa el 7.3% de la población; sin embargo, su participación laboral es drásticamente menor y suele darse en condiciones de informalidad o bajos ingresos.
La iniciativa plantea adicionar la fracción XVI Bis al artículo 132 de la legislación laboral. Además de la cuota porcentual, la reforma obligaría a los empleadores a realizar adecuaciones en los centros de trabajo para garantizar la accesibilidad y el desarrollo profesional de este sector. Herrera Villavicencio enfatizó que no se trata de otorgar privilegios indebidos, sino de generar condiciones reales para el ejercicio de un derecho humano fundamental alineado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La diputada advirtió que la ausencia de mecanismos obligatorios ha permitido que la discriminación se reproduzca sistemáticamente. Al incorporar herramientas verificables, México se alinearía con modelos internacionales exitosos donde las cuotas laborales han demostrado ser eficaces para reducir brechas históricas. Esta medida responde al principio de igualdad sustantiva reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, centrando el problema no en la condición del individuo, sino en las barreras del entorno.
Finalmente, la legisladora señaló que esta reforma es un paso crucial hacia un mercado laboral más justo y humano. Al eliminar la exclusión, se fortalece un modelo social basado en la dignidad y el respeto pleno a los derechos humanos. De aprobarse, la medida obligaría a miles de unidades económicas a rediseñar su cultura organizacional, fomentando una integración real que beneficie tanto a la productividad de las empresas como a la justicia social del país.
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