Por Angélica Armenta
En algunos municipios del Estado de México, el riesgo no siempre se ve, pero se siente. Está en los patios traseros, en casas comunes, en calles donde niños juegan y familias hacen su vida cotidiana, mientras muy cerca se produce pirotecnia de forma irregular. No es un problema nuevo ni desconocido, persiste por vacíos legales, responsabilidades fragmentadas y, muchas veces, por el temor de las autoridades a detonar un conflicto social mayor.
Detrás de cada explosión hay una historia que se repite. Talleres improvisados dentro de viviendas, permisos que nunca se solicitaron y alertas que llegan cuando ya es demasiado tarde. Emmanuel Reyes Urban, representante del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), lo resume al señalar que el 92% de los accidentes ocurre en talleres que operan fuera de la ley.
La fabricación de fuegos artificiales forma parte de la identidad de municipios como Tultepec. Es tradición, sustento económico y herencia familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta actividad se ha extendido más allá de las zonas autorizadas. Hoy, los polvorines no solo están en áreas designadas, sino también en colonias habitacionales, predios improvisados y hasta en inmediaciones de edificios públicos.
El IMEPI conoce el problema y lo documenta. Mantiene censos, registros y visitas preventivas. Pero su margen de acción es limitado. No puede clausurar ni asegurar talleres, incluso cuando detecta riesgos evidentes. Esa responsabilidad recae en la Fiscalía, que generalmente actúa solo cuando hay denuncias formales o cuando el daño ya ocurrió. La Secretaría de la Defensa Nacional interviene únicamente en casos específicos; cuando existen permisos vigentes o para destruir material asegurado, señala.
Esta falta de coordinación deja a muchas comunidades en una especie de limbo. Los accidentes suceden, las autoridades explican lo ocurrido después y las sanciones, si llegan, lo hacen tarde. Reyes Urban explicó que incluso se han detectado talleres clandestinos en zonas donde ya hubo explosiones previas, con productores que simplemente se mudan unos metros para seguir trabajando.
El problema se agrava durante fiestas y celebraciones religiosas. Muchas quemas se realizan sin permiso, pero suspenderlas implica enfrentar a comunidades enteras. Por eso, en muchos casos, las autoridades optan por no intervenir. El resultado es predecible. El evento se lleva a cabo, el riesgo se asume y, si ocurre un accidente, las consecuencias llegan cuando ya no hay forma de revertirlas.
Las cifras lo confirman. En 2024 se registraron ocho fallecimientos relacionados con explosiones; en 2025, seis; y en lo que va de 2026, dos más. Todos los casos estuvieron vinculados a talleres irregulares. En contraste, los incidentes ocurridos en módulos con permisos y protocolos activos no dejaron personas lesionadas de gravedad, gracias a desalojos preventivos, supervisión con drones y coordinación entre autoridades.
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Desde el propio Instituto se reconoce una realidad incómoda, producir pirotecnia siempre implica riesgo. Pero también se insiste en que la diferencia entre una tragedia y un incidente controlado está en la regulación. Instalaciones adecuadas, protocolos activos y supervisión constante han demostrado que es posible reducir el impacto humano.
Mientras tanto, miles de familias siguen viviendo con la incertidumbre de no saber qué ocurre detrás de la pared vecina. Saben que el riesgo existe, que las autoridades lo conocen y que, aun así, las soluciones avanzan más lento que el peligro. Y esa espera, silenciosa y cotidiana, es también parte del problema.
