El gobierno del Estado de México rechaza que durante esta administración se hayan realizado procesos de adquisición de los bienes, arrendamientos y prestación de servicios fuera del marco legal que rige estos procedimientos, como lo señalan las publicaciones Aristegui Noticias, El País y The Guardian.
Informa que, de manera previa a la emisión de las publicaciones, los días 18 y 19 de mayo de 2023, el gobierno del Estado de México recibió vía correo electrónico solicitudes de información de Nina Lakhani, de The Guardian, de Lilia Saúl Rodríguez, de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), y de Aida Delpuech y Brian Fitzpatrick, de Forbidden Stories.
Los días 23 y 24 de mayo dichas solicitudes fueron atendidas de manera puntual, de igual forma, por correo electrónico; además, el gobierno del Estado de México ofreció una reunión presencial, misma que se llevó a cabo el 26 de mayo, en la que estuvo presente Lilia Saúl Rodríguez, de OCCRP, y de manera remota, Nina Lakhani y Martin Hodgson, de The Guardian.
Tanto en las respuestas vía correo electrónico como en la reunión, se brindó una explicación detallada de los procesos de adquisición, arrendamientos y prestación de servicios que lleva a cabo el gobierno del Estado de México, conforme a lo dispuesto por la legislación federal y estatal aplicables.
También se compartió información pública de nueve casos solicitados por los interesados, de algunos de ellos se hace referencia en las publicaciones, como Sevacom, Instituto C&A Intelligent S.C. y Zumby Servicios Profesionales.
Asimismo, se ofreció establecer una mesa de trabajo para llevar a cabo una verificación puntual de la información disponible de los expedientes de los procesos adquisitivos en cuestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
En relación con lo publicado el día de hoy, el gobierno del Estado de México subraya que se ha conducido en todo momento con apego a las disposiciones legales aplicables y en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Señala que las contrataciones realizadas por la administración estatal se encuentran apegadas a la ley, de acuerdo con el marco normativo vigente.
Precisa que las empresas que la administración estatal contrata cumplen con todos los requisitos que establece la legislación al respecto y agrega que, en la adquisición de los bienes, arrendamientos y prestación de servicios, a través de procedimientos de Licitación Pública Nacional, pueden participar las personas físicas y morales de todo el país, que consideren contar con la capacidad de suministrar los bienes o servicios requeridos y cumplir con los requisitos establecidos en las bases.
Además, informa que la Licitación Pública Nacional Consolidada la realiza la Secretaría de Finanzas y el fallo se comunica a las dependencias y entidades que solicitaron los bienes o servicios. En consecuencia, cada una de ellas, de manera individual, formaliza su propio contrato con el proveedor resultante del fallo correspondiente.
Refiere que las empresas deben acreditar en términos de la legislación aplicable, entre otros, su capacidad jurídica y material para cumplir con sus obligaciones contractuales; contar con la capacidad técnica y financiera para poder dar cumplimiento al contrato adjudicado; estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social y, en todos los casos, se lleva a cabo verificación de las instalaciones de las empresas, de las cuales se cuenta con evidencia.
Agrega que esta información sobre los procedimientos adquisitivos fue puesta a disposición a la persona que acudió a la reunión del 26 de mayo.
Por otra parte, el gobierno del Estado de México lamenta y condena el hecho delictivo del que fue víctima la periodista Teresa Montaño Delgado y manifiesta que tuvo conocimiento de que la Fiscalía General de Justicia de esta entidad integró la carpeta de investigación correspondiente, misma que se encuentra en curso.
Enfatiza que mantiene una relación de colaboración y respeto al libre ejercicio del periodismo y a los derechos de todas las personas que desarrollan esta actividad. En ese sentido, refiere que el 31 de mayo de 2021 se expidió la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México y en noviembre del mismo año, comenzó a operar la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y de Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la entidad.
Subraya que el respeto irrestricto a las leyes forma parte del compromiso y responsabilidad que el Gobierno del Estado de México ha mantenido a lo largo de esta administración.
De la misma manera, reitera su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas y refrenda el respeto absoluto a la legalidad.