Diputados del PT condenan represión contra docentes en Oaxaca


El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, y la legisladora federal Margarita García García manifestaron un enérgico rechazo a cualquier forma de violencia institucional o represión ejercida contra la población en Oaxaca, particularmente contra docentes que exigen mejores condiciones laborales.

Sandoval Flores recordó que, en días recientes, elementos policiales dispersaron con fuerza a integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Oaxaca (SUTTEBCEO), quienes mantenían una protesta pacífica para demandar incremento salarial y mejoras en sus condiciones de trabajo.

El líder parlamentario subrayó que estos docentes provienen de comunidades con altos índices de marginación, por lo que sus demandas son legítimas. “Mantendrán un plantón frente al Palacio de Gobierno hasta que se instale una mesa de diálogo que atienda su pliego petitorio; nos unimos a la exigencia para que las autoridades escuchen y den respuesta inmediata”, afirmó.

Por su parte, la diputada Margarita García García advirtió que el actual gobierno estatal ha protagonizado al menos dos episodios de represión graves: en enero de 2024 contra manifestantes por gentrificación y el pasado 12 de agosto contra docentes de la sección XXII del SNTE-CNTE y del SUTTEBCEO.

“Estos hechos evidencian una preocupante tendencia a priorizar la fuerza sobre el diálogo, lo que contradice los principios democráticos y los valores que dieron origen a los actuales gobiernos. El pueblo merece un gobierno humanista que escuche y atienda con justicia, dignidad y respeto a los derechos humanos”, sostuvo.

Ambos legisladores reiteraron que el PT mantendrá su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la educación pública de calidad, especialmente en zonas marginadas. “Reprimir el derecho a manifestarse no debe ser la vía; la solución está en el entendimiento, el cumplimiento de acuerdos y la dignificación laboral de quienes educan en las comunidades más necesitadas”, concluyeron.


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