La diputada local de Morena señaló que la Ciudad de México necesita reglas claras sobre zonas y horarios de venta. Advirtió que la burocracia en los permisos puede propiciar prácticas de extorsión
Ciudad de México.— Ordenar el comercio en las calles sin recurrir a la violencia es uno de los principales retos que enfrenta la Ciudad de México. Para la diputada local Diana Sánchez Barrios, la solución no está en retirar vendedores a través de operativos, sino en establecer reglas que permitan trabajar, transitar y compartir el espacio público.
En entrevista con Impressiones MX, la legisladora de Morena sostuvo que es urgente avanzar en una ley secundaria que regule el comercio popular, una actividad de la que dependen miles de familias y que, al mismo tiempo, requiere acuerdos para convivir con vecinos, peatones y establecimientos comerciales.
«Nadie está diciendo que no al orden, es lo primordial, pero sin criminalizar, sin golpetear», afirmó al referirse a los conflictos relacionados con vendedores en la Alameda y otros puntos de la capital.
Sánchez Barrios, cuya trayectoria comenzó en el comercio en vía pública, reconoció que el ordenamiento es necesario, pero insistió en que debe realizarse a través de acuerdos y no a través de medidas que vulneren los derechos de los trabajadores.
«Nada por encima de la ley, por eso es importante la ley secundaria, para que ya tengamos reglas claras y nadie abuse de nadie», expresó.
Zonas de venta, horarios y acuerdos con vecinos
La diputada explicó que la legislación que busca impulsar debe contemplar zonas especiales de trabajo, horarios definidos y programas de capacitación para quienes ejercen el comercio popular.
Planteó que la elaboración de las reglas incluya a comerciantes, vecinos, organizaciones, colectivos y especialistas a través de ejercicios de parlamento abierto.
Su propuesta parte de una tensión cotidiana en distintas calles de la ciudad; el derecho de las personas a ganarse la vida a través del comercio y la necesidad de garantizar espacios accesibles para quienes caminan, habitan o desarrollan otras actividades en esas mismas zonas.
Sánchez Barrios sostuvo que las decisiones sobre el ordenamiento deben considerar a quienes trabajan diariamente en el espacio público, pero también a los habitantes de las colonias donde se desarrolla esta actividad.
Para la legisladora, establecer reglas conocidas por todos permitiría reducir conflictos y evitar decisiones discrecionales sobre la permanencia de los comerciantes.
Burocracia y posibles cobros indebidos
Durante la entrevista, Sánchez Barrios comentó un problema que, a su juicio, afecta tanto al comercio popular como a quienes buscan emprender un negocio, la dificultad para obtener permisos y cumplir requisitos administrativos.
La diputada, quien también se identificó como empresaria, afirmó que la complejidad de los trámites puede convertirse en un obstáculo para desarrollar actividades económicas.«No puede existir tanta burocracia, porque lo único que hacen es que llegue la extorsión de las autoridades», declaró.
Al referirse a los posibles cobros indebidos, señaló que estas prácticas deben erradicarse y que los procedimientos administrativos tendrían que facilitar, en lugar de obstaculizar, el trabajo de los emprendedores.
Para ejercer el comercio en las calles se tiene la necesidad de que los permisos, requisitos y pagos autorizados sean claros para evitar abusos.Una regulación que sigue pendiente
Sánchez Barrios destacó la creación del Parlamento del Comercio Popular como uno de los avances legislativos relacionados con este sector.
Explicó que el mecanismo permite a comerciantes y representantes de distintas actividades económicas presentar propuestas ante el Congreso capitalino, en lugar de quedar fuera de las decisiones que afectan sus fuentes de ingreso.
No obstante, reconoció que la regulación secundaria del comercio en el espacio público continúa entre los asuntos pendientes.
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Cuando se le preguntó qué iniciativa consideraba prioritaria para su aprobación, respondió sin rodeos, «Para mí, ahorita, la que mejor que se apruebe es la del comercio».
Para la legisladora, ordenar el comercio popular sin afectar el sustento de quienes venden en las calles y sin limitar los derechos de las demás personas que utilizan el espacio público, debe pasar por una ley con reglas claras y acuerdos entre los sectores involucrados.
