En el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, siete de cada diez contratos públicos se entregaron por adjudicación directa y no por licitación, lo que representa más de 566 mil millones de pesos en contratos sin concurso, denunció el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN), integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
Durante la discusión del Primer Informe de Gobierno, Sánchez advirtió que el uso sistemático de adjudicaciones directas refleja la persistencia de prácticas de opacidad y corrupción que Morena prometió erradicar. Entre octubre de 2024 y agosto de 2025, el Ejecutivo federal reportó 81 mil 862 contratos, de los cuales 53 mil 690 se asignaron directamente, con un valor total de 708 mil 635 millones de pesos.
El legislador señaló que el argumento oficial para justificar estas adjudicaciones —casos de urgencia, eventualidad o fuerza mayor— no se sostiene con pruebas públicas. “El combate a la corrupción es inexistente. Morena no ha terminado con la corrupción: la ha consolidado”, afirmó.
Escándalos recientes
Sánchez también vinculó este panorama con escándalos recientes, como el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, acusado de encabezar un grupo criminal, y los señalamientos de enriquecimiento contra figuras como Gerardo Fernández Noroña. A su juicio, el Gobierno ha optado por “cerrar filas” en lugar de sancionar.
El diputado criticó que, pese al discurso de austeridad, líderes de Morena mantengan “vidas de lujos y excesos”, citando como ejemplo el viaje a Japón de Andrés López Beltrán, hijo del presidente.
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En materia económica, aseguró que el crecimiento del PIB, de apenas 0.2% en once meses, refleja un desempeño “mediocre”, mientras la informalidad laboral, la pobreza y la desigualdad permanecen prácticamente intactas. Además, acusó que las recientes reformas y la incertidumbre política están ahuyentando nuevas inversiones extranjeras y provocando un retroceso en la inversión privada.
Finalmente, advirtió sobre la posibilidad de una reforma fiscal que derive en mayores impuestos para las familias mexicanas, lo que, a su juicio, agravaría la carga de quienes ya enfrentan precariedad laboral.
