Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha dado a conocer una nueva versión de la Iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad.

Esta propuesta, que sustituye a la presentada en abril de 2023, ha sido enriquecida con aportes y comentarios de diversos sectores de la sociedad, con el objetivo de garantizar el respeto a la privacidad, los derechos humanos y digitales de los usuarios, al mismo tiempo que fortalece la lucha contra los delitos cibernéticos.

El legislador del Partido Verde explicó que los cambios incorporados tienen como propósito crear una ley que se integre de manera coherente con el sistema legal mexicano, buscando generar certeza jurídica y alinearse con estándares internacionales. La nueva propuesta consta de 76 artículos, 7 títulos, 11 capítulos, 9 secciones y 8 transitorios, en contraste con los 92 artículos, 8 títulos, 14 capítulos, 9 secciones y 8 transitorios de la versión original.

Entre las modificaciones destacadas se encuentra la inclusión de la definición de «ciberataque», con el fin de clarificar y armonizar su alcance conceptual con los estándares internacionales establecidos por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). Asimismo, se ha ajustado la definición de «tecnología para la intervención legal de comunicaciones» para garantizar el estado de derecho, enfocándose en la actividad e intencionalidad del uso de dicha tecnología para identificar y combatir conductas delictivas.

El artículo 37 ha sido modificado para limitar la obligación de los proveedores de internet a dar de baja provisionalmente las direcciones IP en casos de presunta conducta ilícita en el ciberespacio, mientras que se garantiza a los afectados el derecho a hacer valer los recursos legales pertinentes. Estos cambios buscan resolver tensiones relacionadas con la garantía de audiencia y el principio del debido proceso.

En cuanto a las atribuciones de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, se ha reforzado el principio de cooperación institucional, involucrando directamente a las entidades federativas, órganos autónomos constitucionales, así como al sector privado y académico en las acciones de ciberseguridad.

Por último, la iniciativa destaca la importancia de promover acciones para garantizar la ciberseguridad de todos los ciudadanos como parte de la seguridad nacional, respetando y protegiendo los derechos humanos en todo momento.

Esta propuesta de ley, resultado de un trabajo coordinado entre la Cámara de Diputados, el Senado, la academia y diversos sectores, refleja el compromiso del país en enfrentar los desafíos digitales globales, concluyó López Casarín.

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