En una sesión histórica, la Cámara de Diputados de México aprobó la reforma constitucional que transfiere el control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
La medida fue respaldada por 362 votos a favor y 133 en contra, reflejando un amplio apoyo entre los legisladores.
La reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de un intenso debate. Los defensores argumentan que esta medida fortalecerá la capacidad del Estado para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad pública. “La Guardia Nacional es una institución clave para garantizar la paz y la seguridad en México”, afirmó el presidente López Obrador tras la aprobación.
Sin embargo, la oposición ha expresado fuertes críticas, advirtiendo sobre los riesgos de militarizar la seguridad pública. Los detractores sostienen que la reforma centraliza el poder en manos de los militares, lo que podría tener implicaciones negativas para los derechos humanos y la democracia en el país. “Esta medida representa un retroceso en la lucha por una seguridad pública civil y democrática”, señaló un portavoz de la oposición.
La aprobación de esta reforma marca un hito en la política de seguridad de México y plantea importantes interrogantes sobre el futuro de la Guardia Nacional y su papel en la lucha contra la delincuencia. Expertos en seguridad han señalado que, aunque la militarización puede ofrecer una respuesta rápida a la violencia, también puede llevar a abusos de poder y violaciones de derechos humanos si no se implementan mecanismos de supervisión adecuados.
Además, organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de aprobación de la reforma y han llamado a un diálogo más amplio y participativo sobre el futuro de la seguridad en México. “Es fundamental que se escuchen todas las voces y se consideren todas las perspectivas para construir una estrategia de seguridad inclusiva y efectiva”, afirmó un representante de una ONG local.
La reforma ahora pasará al Senado para su discusión y posible aprobación final.
