Por: Gilberto Solorza
El Congreso de Estados Unidos aprobó casi por unanimidad una ley que ordena la divulgación total de los archivos del caso Jeffrey Epstein. La Cámara votó con 427 legisladores a favor y uno en contra, y el Senado confirmó la iniciativa sin objeciones.


El proyecto llegó de inmediato a la mesa del presidente Donald Trump, cuyo nombre aparece en esos documentos y cuya firma definirá el calendario final de publicación.
La decisión despertó de inmediato una expectativa nacional, porque el país espera el acceso completo a un expediente que muchos consideran uno de los más sensibles del último siglo.
El escándalo histórico
La discusión sobre la publicación de los archivos toma fuerza porque la figura de Epstein dejó un impacto profundo en la opinión pública. Epstein manejó dinero, poder y relaciones con empresarios, diplomáticos y políticos que hoy enfrentan cuestionamientos por su cercanía. Su historial incluye acusaciones directas de tráfico de menores y abuso sexual. En 2008 consiguió un acuerdo judicial polémico que lo salvó de una sentencia dura y solo cumplió 13 meses en prisión. Su arresto de 2019, seguido de su muerte en una celda, abrió una tormenta de dudas, sospechas y exigencias de justicia real.
El país mantuvo durante años una discusión intensa sobre la necesidad de abrir los archivos completos. Los expedientes incluyen listas de vuelos, registros de viajes, testimonios y comunicaciones internas del Departamento de Justicia. Organizaciones civiles, sobrevivientes y algunos legisladores exigieron la apertura total sin ediciones. La acumulación de peticiones presionó al Departamento de Justicia, que retuvo los documentos mientras revisaba cada pieza.
Esa presión empujó a los legisladores a impulsar la ley actual, que ordena la publicación de todos los documentos no clasificados dentro de los 30 días después de la firma presidencial. La mayoría republicana apoyó la iniciativa, aunque el representante Clay Higgins —aliado directo de Trump— votó en contra. Higgins preside una subcomisión que solicita los mismos archivos, pero su voto negativo creó confusión política y alimentó especulaciones. Aun así, el Congreso insistió en que el país necesita transparencia inmediata para recuperar confianza institucional.
La aprobación de esta ley marca un momento inédito, porque el Gobierno federal ya no controla el ritmo ni la versión oficial del caso: ahora la ciudadanía exige la verdad completa sin negociaciones internas.
Trump en el centro del debate
Ese llamado a la transparencia llega justo cuando Donald Trump enfrenta su propia relación con los archivos. El Departamento de Justicia notificó al presidente en mayo de 2025 que su nombre aparece en varios puntos del expediente. El aviso generó tensión dentro de su equipo, porque muchas menciones circulan desde hace años en forma de rumores y listas sin verificación pública. Trump respondió con resistencia y pidió a sus aliados frenar cualquier intento de divulgación total, ya que consideró que la publicación podía impulsar interpretaciones políticas contra él.
La situación cambió cuando surgieron nuevas filtraciones y cuando la presión social aumentó de manera acelerada. Trump reculó después de varias semanas y declaró que los republicanos “no esconden nada”. Ordenó a su bancada apoyar la iniciativa y anunció que firmará la ley para cerrar sospechas. Su cambio de postura modificó la votación y permitió que la iniciativa avanzara sin oposición en el Senado.
Las dudas continúan porque Trump retuvo los documentos durante meses y varios sectores temen alteraciones o ediciones para protegerlo. Esta inquietud domina la conversación pública y crece mientras se acerca el límite legal. Si el presidente cumple su palabra, los archivos saldrán a finales de diciembre de 2025, un momento que podría redefinir su futuro político y el discurso de transparencia de su gobierno.
Los analistas coinciden en que la publicación marcará un antes y un después para el presidente, porque el contenido de los expedientes —y cualquier ausencia significativa dentro de ellos— determinará la reacción final del país.










