Congreso avala reforma constitucional contra la extorsión


La Cámara de Diputados declaró reformado el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán (PAN), informó que, tras el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México, se emitió la declaratoria correspondiente:

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales”, precisó.

Previamente, la secretaria de la Mesa Directiva, Julieta Villalpando Riquelme (Morena), dio cuenta del oficio del Senado de la República sobre el cómputo de 22 votos aprobatorios, e informó que posteriormente se recibieron los votos de los estados de México, Sonora y Tlaxcala.

Con ello, se da fe de la recepción y cómputo de 25 votos aprobatorios de las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

Con esta aprobación, el Congreso de la Unión queda facultado para expedir una ley general que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión.

El régimen transitorio establece que el Congreso deberá emitir dicha ley general en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.

Mientras tanto, las disposiciones legales federales y locales continuarán vigentes hasta que se emita la nueva ley general, y se definirán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.


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