Por: Fernando Dávila
Los comerciantes ambulantes del pueblo de Xoco protagonizaron una manifestación en silencio contra el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, a quien acusan de abuso de autoridad tras el operativo realizado el pasado 10 de febrero para la recuperación de la vía pública.
En este operativo, que tuvo lugar en la calle Real de Mayorazgo, en la Plaza Mitikah, se retiraron 40 puestos ambulantes, lo que desató enfrentamientos entre los comerciantes y las autoridades locales.
Los vendedores denuncian que fueron despojados violentamente de sus pertenencias y golpeados por funcionarios públicos, quienes, según ellos, no estaban identificados. Además, los manifestantes expresaron su descontento a través de un gesto de silencio, un acto simbólico para mostrar la censura a la que se sienten sometidos.
El conflicto escaló cuando el alcalde Luis Mendoza, a través de un comunicado en la plataforma «X», denunció haber sido agredido, golpeado y robado por los vendedores, a quienes calificó de narcomenudistas, basándose en supuestas denuncias vecinales. En respuesta, los comerciantes acusaron al alcalde de intentar criminalizar su actividad laboral para obtener una respuesta positiva de la sociedad.
Mauricio Venado, representante de la Alianza de Organizaciones Sociales (AOS), declaró en entrevista para ImpressionesMx que “están tratando de criminalizar a los vendedores para tener una respuesta positiva de la sociedad. Muchos de ellos pertenecen a grupos indígenas y trabajan ahí desde hace décadas.”
Uno de los testimonios más impactantes provino de Sabino López, un comerciante que denunció que su hijo de 13 años fue golpeado y despojado de sus útiles escolares durante el operativo mientras cuidaba el puesto. En un video que circuló en redes sociales, se observa al menor acorralado por un supuesto inspector de la alcaldía, quien no se identificó ni mostró acreditación.
El pueblo de Xoco, que ya ha enfrentado numerosas agresiones derivadas de megaproyectos como la Torre Mítikah, denuncia la gentrificación y el encarecimiento de los precios de los servicios, lo que afecta la calidad de vida de sus habitantes y pone en peligro sus tradiciones y costumbres.
Los comerciantes, quienes defienden la honestidad de su labor, exigen la devolución de sus productos, una disculpa pública del alcalde por desprestigiarlos y la creación de un espacio digno para trabajar.
