La crisis de seguridad en las carreteras federales alcanzó al círculo cercano del Poder Ejecutivo. Este 27 de enero, un comando armado interceptó y asaltó al equipo de Comunicación Social de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mientras transitaban por la carretera 57, en el tramo San Luis–Matehuala, una de las arterias más peligrosas del país.

El ataque ocurrió a la altura del municipio de Guadalcázar, donde los agresores utilizaron artefactos «ponchallantas» para inmovilizar el vehículo oficial. Sujetos encapuchados y con armas largas sometieron al personal, despojándolos de 14 mil pesos en efectivo y equipo especializado de fotografía y video con un valor superior a los 500 mil pesos. Aunque no hubo heridos, el evento evidencia la vulnerabilidad de las comitivas gubernamentales ante el crimen organizado.

Tras el incidente, la Guardia Nacional y fuerzas estatales desplegaron un operativo masivo con retenes en puntos críticos como El Huizache y Charo Cercado. La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso e inició una carpeta de investigación para identificar a la célula delictiva responsable, mientras que la logística de los traslados presidenciales ha entrado en una fase de revisión urgente para evitar futuros riesgos.

La carretera 57 se ha consolidado como un «punto rojo» para transportistas y ciudadanos debido a la frecuencia de secuestros exprés y asaltos violentos. Este asalto al equipo presidencial reaviva el debate sobre la estrategia de seguridad en vías federales y la aparente incapacidad del Estado para pacificar rutas estratégicas, incluso para sus propios funcionarios.

El Gobierno Federal confirmó que, a raíz de este suceso, se reforzarán los protocolos de vigilancia en zonas de alta incidencia delictiva. Por ahora, el equipo de Comunicación Social se encuentra a salvo, pero el impacto político y simbólico de que la delincuencia haya alcanzado a la avanzada presidencial marca un precedente crítico en la actual administración.