De ilegalidades swifties
Eduardo Meraz
Más allá de los grados de corrupción delatados en el funcionamiento de la Corte, en tiempos de Arturo Zaldívar, el verdadero litigio consiste en saber si para cumplir los caprichos presidenciales en obras y proyectos cumplen con el debido sustento legal o no.
Si el mandatario totalmente Palacio Nacional reconoció haber “intervenido respetuosamente”, a fin de cambiar criterios y decisiones del poder judicial, es la aceptación clara y evidente de su interés por torcer la ley, independientemente de la validez o no de sus propósitos.
Hacer de la compra o la amenaza sus herramientas para doblegar voluntades, descalifica y, quizás, invalida muchos de sus actos de gobierno. Estos abusos de poder ameritan ser revisados y, de ser el caso, sancionados con todo rigor.
Algunos de los asuntos relevantes de este actuar al margen de los caminos legales establecidos, están referidos al sector energético, como las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica; la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la remodelación del de Santa Lucía.
En tan solo estos cuatro casos, existen evidencias inocultables del daño patrimonial a inversores y a todos los mexicanos, que somos los que debemos pagar la pesada y prolongada deuda por la megalomanía del habitante temporal del palacete virreinal.
Si a ellos se suma el desastre legal en todos los ámbitos para la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, cuyos resultados de operación se convertirán en pérdidas multimillonarias, pues tan solo durante la edificación de ambas obras, se tiene un déficit de alrededor de un billón de pesos.
A cambio de este mal manejo y desvío del dinero de los contribuyentes, los mexicanos dejamos de tener servicios públicos de calidad, en especial en materia de salud, que ya costó la vida de un cuarto de millón de compatriotas, tanto por el exceso de muertos por la pandemia como por la falta de medicamentos para otras enfermedades.
Las denuncias existentes contra el ex presidente “swiftie” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y varios de sus allegados constituyen todo un rosario de ilícitos, cuyo eje era la coacción -amenazas y chantajes-, para obtener beneficios económicos y políticos.
De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento sobre la investigación contra Arturo Zaldívar y compinches, el presidente palaciego, por sí o por interpósitas personas, es parte de esta trama en perjuicio de los mexicanos.
De poco servirá la desfachatez del ex ministro Lelo, cuando sostiene que la SCJN carece de un marco jurídico para sancionarlo. Sus pecados y desprestigio manchan a la administración actual.
La irresponsable gobernanza del cuatroteísmo, cuyo autor intelectual despacha en Palacio Nacional, hará que este sexenio sea recordado como el de los sepulcros y la ilegalidad.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Así como aboga porque el conflicto en Medio Oriente no escale, el ejecutivo palaciego debe tomar medidas para que la violencia política en el actual proceso electoral de México no aumente, como se ha visto en semanas recientes.
@Edumermo
