Por Ricardo Monreal Avila

La inseguridad es un tema difícil de tratar, particularmente en época de elecciones, porque la oposición siempre buscará hacer leña del árbol caído, en tanto que la candidata o el candidato que representa al gobierno en turno tendrá que resaltar y defender los avances y la política de seguridad vigentes.

En los años recientes, las cuestiones relacionadas con la inseguridad pública y el tráfico de drogas adquirieron mayor importancia en el discurso político y las campañas electorales de muchos países. A menudo, tanto aspirantes como partidos buscan capitalizar las preocupaciones públicas sobre tales asuntos, presentándose como líderes duros contra el crimen, capaces de restaurar el orden y la seguridad.

En naciones como la nuestra, el tema de la inseguridad y la delincuencia organizada suele ser muy espinoso para efectos de debates y confrontaciones entre las distintas opciones que se presentan al electorado. De ahí que las diversas tácticas y estrategias políticas en torno a esos tópicos estén a la orden del día.

Con base en lo anterior, las y los opositores al partido oficial suelen hacer hincapié en incidentes destacados de violencia o delitos relacionados con las drogas, y presentarlos como indicativos de una anarquía generalizada que requiere una respuesta fuerte y decidida.

En este marco, también es común proponer medidas duras para hacer cumplir la ley (mayor vigilancia, sentencias o penas más severas y operaciones antidrogas militarizadas).

En el colmo de las extralimitaciones, algunos candidatos y candidatas se han atrevido a sugerir, incluso, la intervención de Agencias extranjeras.

Tildar a los líderes en ejercicio o en el gobierno y a los partidos de oposición de ser “blandos” con el crimen y las drogas también es un lugar común durante las campañas políticas, críticas que se acompañan, a su vez, de promesas para tomar medidas enérgicas contra la corrupción y desmantelar las organizaciones criminales.

Otra estrategia bastante socorrida es usar un lenguaje incendiario y generar miedo para avivar la ansiedad pública (de ello echó mano la candidata del bloque opositor), es decir, la politización de la criminalidad o de los estragos de la delincuencia.

Por otro lado, no es raro vincular la inseguridad y el tráfico de drogas con asuntos más amplios, como la inmigración, el declive económico o las amenazas ideológicas.

En el caso concreto de nuestro país, definitivamente así ocurrió y se ha difundido en diferentes medios.
La eficacia política varía considerablemente según el contexto local específico, la fortaleza de las instituciones estatales, así como las percepciones públicas sobre el crimen y la seguridad, entre otros factores.

Personas expertas sostienen que una excesiva dependencia de enfoques duros contra el crimen puede distraer la atención de estrategias más holísticas, multidisciplinarias o transdisciplinarias y basadas en evidencias múltiples para mejorar la seguridad pública. No obstante, dada la complejidad del fenómeno, las políticas de inseguridad y narcotráfico siguen siendo una característica destacada de las campañas electorales.

Llama la atención que, en el último debate presidencial, Claudia Sheinbaum logró el tono correcto para desarrollar ese tema (destacó la disminución en los delitos de mayor impacto, sin dejar de reconocer que aún falta mucho por avanzar), mientras que Jorge Máynez aprovechó su papel de tercero en discordia para desplegar sus principales propuestas en la materia, sin la presión de tener que cuidarse de los ataques de las candidatas que lo adelantan. Y es que, en muchas ocasiones, pasar desapercibido es la mejor forma de hacerse notar.

Xóchitl Gálvez, por su parte, abordó el tema como se esperaba. Por su papel opositor y su ubicación en un lejano segundo lugar, no solo politizó la inseguridad, sino que partidizó abierta y arteramente el tema del crimen organizado, al expresar: “MORENA es un narco partido”.

Además, de manera inédita, se convirtió en una especie de vocera extraterritorial de la DEA, del FBI o de ambos, al asegurar que, de acuerdo con “fuentes muy confiables […] el dirigente nacional de MORENA está siendo investigado por Agencias norteamericanas por sus nexos con el crimen organizado”. Ni siquiera el calificativo de “presunto” le mereció a la estrambótica revelación.

Mario Delgado respondió la misma noche del domingo a esa difamación, dando el contexto político de la supuesta información confidencial y de “alto nivel”, afirmando: “Esa información es de Cabeza de Vaca, en venganza porque MORENA no le permitió ser candidato a diputado plurinominal del PAN, por ser un prófugo de la justicia”.

Ya en enero del presente año señalábamos en este mismo espacio el deliberado activismo de cabilderos, legisladores y directivos del frente opositor de México en los Estados Unidos, especialmente con las Agencias que conforman el llamado establishment de Washington, con el objetivo de buscar su involucramiento en el proceso electoral de nuestro país.

Donde más eco encontraron fue en las filas de legisladores republicanos, la DEA y algunos medios de comunicación. Incluso varios de los Puntos de Acuerdo que desde hace dos años han presentado Repúblicanos en el Capitolio fueron redactados por estos cabilderos.

No es casualidad que unos días después de la visita de Xóchitl Gálvez a Washington, en febrero pasado, se desatara en redes la embestida sin precedente de “Narco Presidente” y “Narco Candidata”, como tampoco lo es que ahora, en el último debate presidencial, la propia candidata opositora anunciara “en exclusiva” la presunta investigación en Estados Unidos contra el dirigente de MORENA, con el único propósito de “acreditar” que el movimiento que volverá a ganar la Presidencia el próximo 2 de junio es un “Narco Partido”.

Con lo anterior, la candidata de la oposición no solo violó flagrantemente las prevenciones del Instituto Nacional Electoral, relacionadas con la prohibición expresa de referirse a la próxima presidenta de la República como “Narco Candidata”, sino que, haciendo gala de la ilegalidad y los excesos políticos, incluso se abocó a denostar al partido en el poder con el mismo mote peyorativo y prejuicioso.

Si politizar el problema de la inseguridad no lo resuelve en absoluto, partidizarlo lo pudre absolutamente.
Tenemos dos casos que siguieron ese camino: Colombia, en 1989, y Ecuador, en 2023. Dos espejos negros que debemos evitar.

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