Cárcel y multa millonaria
Por Mario Díaz
- Diputada local de Tlaxcala amaga la libertad de prensa y expresión
- Iniciativa de ley pretende reformar el Código Penal de esa entidad
- Aseguran que se trata de una represalia por difundir arresto de su marido
H. Matamoros, Tamaulipas.- Por supuesto que les asiste la razón a los integrantes de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) al inconformarse por una iniciativa de ley que atenta a las libertades de prensa y expresión.
El proyecto de la diputada local LORENA RUIZ GARCÍA en la LXV Legislatura del Congreso de Tlaxcala pretende sancionar con cárcel y millonaria multa a los comunicadores que difundan información relacionada con hechos delictivos o procesos penales.
Para tal efecto, la legisladora propone adicionar el artículo 187 Bis al Código Penal del Estado de Tlaxcala para sancionar penal y administrativamente a los trabajadores de prensa en esa entidad federativa.
Cabe señalar que actualmente el artículo 187 inscrito en el Capítulo Uno está asociado a la sanción para los servidores públicos que no cumplan con una adecuada impartición de justicia.
Sin embargo, la diputada RUIZ GARCÍA presentó la iniciativa de ley que propone «sancionar con penas de 2 a 8 años de prisión y una multa de 501,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) a cualquier servidor público, periodista, creador de contenido digital o representante de medios de comunicación que difunda, entregue, revele publique, transmita, exponga o comparta de manera indebida imágenes, audios, videos, documentos o cualquier evidencia relacionada con hechos delictivos o procesos penales”.
Obviamente, ante el impacto que representaría para la libertad de expresión y el derecho a la información, los periodistas tlaxcaltecas se oponen a esa iniciativa de ley que representa una grave amenaza a los derechos humanos, el periodismo libre y la difusión de información crítica.
Es decir, la propuesta de la diputada local del Partido del Trabajo por el IV Distrito en Tlaxcala quien se adhiriera a la fracción de Morena en la LXV Legislatura, perjudica a la sociedad al restringir el flujo informativo y, por supuesto, vulnera los derechos de los periodistas y comunicadores.
La percepción de los trabajadores de prensa de Tlaxcala, es que la propuesta surge en represalia por la cobertura informativa en torno a la detención de su marido, CARLOS BARRAGÁN FIGUEROA, por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR, ocurrida el 19 de septiembre del año pasado.
En torno a la amenaza a las libertades de prensa y expresión y el derecho a la información, la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) emitió el siguiente pronunciamiento:
*La UPET reprueba cualquier intento de coartar la libertad de expresión y violentar el derecho humano a la información, ambos establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
*Como organización representante del gremio periodístico, reprobamos la iniciativa de tipificar como delito la difusión de procesos penales, presentada en el pleno por parte de la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Lorena Ruiz García, y que es una clara “Ley Mordaza”.
*La iniciativa presentada en el pleno por la representante popular, que se ha visto envuelta en la polémica por temas relacionados con la justicia, pretende sancionar con una multa económica y hasta cárcel a cualquier servidor público, periodista, creador de contenido digital o representante de medios de comunicación que difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga o comparta de manera indebida imágenes, audios, videos, documentos o cualquier evidencia relacionada con hechos delictivos o procesos penales.
*Para quienes ejercemos el periodismo, es preocupante que este tipo de planteamientos se hagan sin un fundamento real y representa, además, un retroceso para la labor periodística pues limitaría abordar asuntos de interés público.
*Mencionar que, desde marzo del año 2022, la Cámara de Diputados aprobó la llamada “Ley Ingrid” que establece sanciones a funcionarios públicos y ciudadanos que difundan, fotografíen, copien, publiquen imágenes, videos, audio documentos o evidencia de una investigación penal o información relacionada con una víctima.
*Como medios de comunicación no permitiremos que se impida el desempeño de nuestra labor periodística, por lo que hacemos un llamado a los integrantes de la actual legislatura para desechar dicha propuesta que atenta contra la libertad de expresión.
Hasta ahí el justo pronunciamiento de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET).
En solidaridad con los colegas tlaxcaltecas, Comunicadores Unidos A.C. de Tamaulipas y la Asociación Nacional de Periodistas, Locutores y Comunicadores de los Estados Unidos y México (ANPLC USA-México) se suman al justo reclamo gremial.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Lamentable, muy lamentable las amenazas y persecuciones oficiales por parte del gobierno municipal de Salvador Escalante, Michoacán, que encabeza la alcaldesa MARÍA DAYANA PÉREZ MENDOZA, en contra de un grupo de reporteros de Radio Fragua.
Mal y de malas para el gremio periodístico.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
