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La ley, es la ley

Silvia

TRAIDORES

Lic. Silvia García Herrera/Pluma Blanca

Desafortunado el mensaje dado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al tildar como TRAIDORES a servidores públicos en pleno ejercicio de sus atribuciones.

Así fueron denigrados públicamente la senadora Lily Téllez, el senador Germán Martínez, la ministra Margarita Ríos Farjat, y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Funcionarios federales que en pleno ejercicio de sus funciones no votaron a favor con alguna de las iniciativas de ley propuestas por el
presidente.

Querido lector, ¿la pregunta es TRAIDORES a quién?, ¿a qué? Los Estados Unidos Mexicanos se rige bajo una Constitución Política que es de observancia obligatoria, la cual establece las normas jurídicas para que exista un estado de derecho en esta Nación. Entre ellas en el art. 49 prevé expresamente la separación de Poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, evitando que el poder absoluto se rija en uno solo poder o en una sola persona.

Así que no aprobar todas las iniciativas o significar un contrapeso contrario a ellas, pero fundamentado en lo que establece nuestra Carta Magna, de ningún modo debe considerarse traición.

El Poder Legislativo, tienen dentro de sus obligaciones el estudio de las iniciativas de ley que propone el Ejecutivo, pero también tienen el deber jurídico de estudiar y analizar las propuestas y en el caso de considerarlas inadecuadas en todo o en parte, pueden votar en contra y no aprobarse. Así cuando estos dos poderes entren en conflicto es cuando interviene el Poder Judicial a través de su máximo tribunal que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las decisiones tomadas en este alto tribunal obligatoriamente deben estar conforme lo establece la Constitución y las leyes que de ella emanen, y no acorde a la propuesta de un ente cualquiera que este sea.

Se debe señalar que los servidores públicos tienen responsabilidades individuales acorde a su encargo, y si no lo cumplen o actúan contrario a la ley tienen consecuencias jurídicas que pueden ser desde la separación del encargo, multa o hasta la cárcel.

De ningún modo es una atenuante de responsabilidad administrativa o penal el compromiso moral que pudiera gestarse hacia la figura del PODER que los haya propuesto para ocupar el encargo y mucho menos la vertiente política que se tenga.

Por lo pronto estas personas ya fueron señalados como traidores, el tiempo pondrá los adjetivos calificativos en su correcto lugar.

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