La ancestral pobreza de los pueblos indígenas de Las Altas Montañas: un desafío del nuevo gobierno de Veracruz

Dr. Rafael Vela Martínez

El Atlas de los Pueblos Indígenas de México 2020, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), informó que en el 2019 el estado de Veracruz contaba con una población indígena de 1,101,306 habitantes; el INEGI, posteriormente informó en el 2021, con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, que la población indígena era de 1,019,017; es decir, todo apunta a señalar que en un año la población indígena en Veracruz se redujo en 82 mil 289 personas; actualmente se estima que la población puede ser mucho menor, debido a la emigración de los pueblos indígenas, que ha ocasionado el abandono que sufrió esta población por parte de Gobierno del Estado, en los últimos 6 años.

Ahora nos vamos a referir a los municipios indígenas de la Región Metropolitana de las Altas Montañas (RMAM), evidentemente no es la regionalización que utiliza el INPI que tiene una perspectiva de identidad cultural e histórica, sino que utilizamos la RMAM porque es la propuesta de una Unidad de Planeación Económica Territorial para que puedan definirse estrategias desde las Zonas Metropolitanas que hospedan y que son puntos de concentración de riqueza, que eventualmente puedan convertirse en políticas públicas por parte del nuevo gobierno que encabezará la Gobernadora ROCÍO NAHLE, para sacar de la pobreza y marginación a estos veracruzanos.

Es de señalarse que la población étnica en la entidad está distribuida en 11 pueblos indígenas, cuya representatividad la detentan 8 grupos, a saber: náhuatl (51.27%), totonaco (19.50%), huasteco (7.07%) popoluca de la sierra (4.14%), zapoteco (3.74%), chinanteco (3.18%), otomí (2.65%) y mazateco (1.69%); por supuesto que existen otros grupos de menor presencia como el Mixteco, Tepehua y el Sayulteco.

La Región de las Altas Montañas siempre ha sido usada para el turismo político indigenista, incluso a tal grado que hubo esposas no solo de gobernadores, sino incluso de Presidentes de la República que ocasionalmente hacían presencia en Zongolica y se reunían con los Concejos de Ancianos para aparentar que les interesaba su desarrollo, aunque regularmente llegaban solo a tomarse las fotografías para difundirlas entre los medios de comunicación y aparentar el presunto compromiso social e indígena. Por ello, es importante precisar que la presencia indígena se registra en toda la sierra; los municipios que tienen mayor número de localidades indígenas en la RMAM son los siguientes: Astacinga de 26 localidades, son consideradas indígenas las 26; en Atlahuilco de 37 también 37; Los Reyes de 21,indígenas son 20; en Magdalena de 7 son 7 indígenas; en Mixtla de Altamirano de 44 son 43; en Rafael Delgado de 17, son indígenas 13; en San Andrés Tenejapan de 9 son 9; en Soledad Atzompa de 36, son indígenas 35; en Tehuipango de 54 son 54; en Tequila de 41 son 39 localidades indígenas; en Texhuacán de 20 son 20; en Tlaquilpa de 67 son 63; en Tlilapan de 6localidades, 5 son indígenas; en Xoxocotla de 17 son 8; y, en Zongolica, de 150 localidades 147 son consideradas indígenas.

Como queda claro en el libro de Condiciones Socioeconómicas de los Municipios Indígenas del Estado de Veracruz. Tomo IV: Región Metropolitana de las Altas Montañas, los habitantes de origen o identidad étnica de esta región han sufrido un proceso histórico de conquista y expropiación por parte de la población mestiza, tal y como lo señaló el Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán en su obra magistral Regiones de Refugio. Es también un proceso de resistencia y sobrevivencia, pues en medio de una crisis agrícola alimentaria en el estado y la falta de compromiso por parte de las administraciones gubernamentales por garantizar la seguridad alimentaria a partir de la reactivación del campo veracruzano, deja desprotegidos en su actividad económica a esta población, reduciéndolos a una actividad agrícola de sobrevivencia.

El rezago social es un grave problema que enfrentan, ya que 13 de los municipios indígenas, se encuentran en grado muy alto y alto de marginación, y solo dos en grado medio, lo cual tiene como consecuencia la exclusión de todos los sistemas de protección social. Por ejemplo, en el indicador de educación, los habitantes que logran acceder al sistema educativo, mayormente llegan a cursar la primaria, otros cuantos la secundaria y preparatoria, pero el porcentaje de personas que logran acceder a una educación superior no pasa del 11%; por otro lado, también se observa que el acceso a la educación favorece a la comunidad masculina, así pues, se pone en evidencia la brecha de género que aún existe.

En la condición de ingreso, la mayoría de la población (más del 75%) gana cuando más 172.87 pesos diarios, lo que era el salario mínimo antes de las últimas reformas; de nada sirvió que se aumentara el salario mínimo a 248.93 pesos, si la gran mayoría de esta población no es asalariada, vive del campo; por el contrario, esta población está enfrentando una grave pérdida de su poder adquisitivo, pues ahora cuando van a la ciudad a abastecerse de sus bienes y enseres, pues resulta que todo es “más caro” debido a que éste incremento en el salario mínimo, lo que detonó fue una escalada en el precio de los productos. De los 15 municipios solo cuatro de ellos reciben cuando más dos salarios mínimos. Si se reflexiona a partir de estos datos, con ese salario se visten, se calzan, se alimentan, van al médico y, en el mejor de los casos, realizan estudios los hijos de estas familias.

A este contexto de olvido y marginación de la población indígena de la Región Metropolitana de las Altas Montañas también contribuye en gran medida el gobierno federal, ya que los ingresos que les otorgan a los Ayuntamientos cada vez comprende una proporción mayor el recurso etiquetado englobadas en las Aportaciones (que controla el gasto federalizado, incluyendo el Ramo 033) hasta llegar a representar el 70%; no así, el recurso encuadrado en las Participaciones que, después de representar en los primeros años de la década del 2000 alrededor del 50%, ahora solo representa el 30%, lo que priva a los ayuntamientos de la libertad de invertir en infraestructura estratégica para el desarrollo y la generación de condiciones para lograr crecimiento económico local y regional.

El presupuesto que otorga la federación a los ayuntamientos cada vez está más controlado por recursos etiquetados; no obstante, se observó en esta investigación que también están creciendo las condiciones de marginación de estos municipios, lo que apunta a señalar que la Federación, al controlar el gasto, está propiciando mayor marginación; es decir, la estrategia centralista del Gobierno Federal esta errada, ya que no favorece el desarrollo sino la marginación; el punto aquí es que los diputados del Congreso de la Unión, como los diputados de la Legislatura Local, que representan los distritos donde existen municipios indígenas, no están dando respuesta a esta situación tan adversa para el desarrollo de los pueblos indígenas de Veracruz: el escenario, en consecuencia, apunta hacia mayor pobreza y marginación de los habitantes de los municipios indígenas de la Región Metropolitana de las Altas Montañas. Por parte de nosotros, el grupo de académicos de la Universidad Veracruzana al que pertenezco, con esta investigación estamos aportando información relevante para el diseño de políticas públicas que ojalá y logren el desarrollo y superación de la pobreza en Veracruz. Usted puede consultar el extenso de esta investigación en www.enfoqueveracruz.org

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