Dr. Rafael Vela Martínez
Los 2 proyectos de decreto que pretenden modificar el sistema de pensiones a nivel nacional, con base en la Reforma al Artículo 123 Constitucional y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) solo benefician a una mínima proporción de trabajadores del país que es aproximadamente alrededor del 30%. Me explico.
En cuanto al Proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo Cuadragésimo Octavo TRANSITORIO a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), no tiene ningún propósito de beneficiar a los agremiados del ISSSTE, el objetivo es que los Gobiernos de las entidades federativas regularicen sus adeudos que tienen pendientes con el ISSSTE para financiar el proyecto de FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR, evidentemente electoral; se trata de que los gobiernos de los estados paguen al ISSSTE el dinero que han descontado a los trabajadores y que no han entregado a la dependencia de salud, como tampoco han pagado la aportación patronal que les correspondía por ley entregar. En este caso involucra directamente a los gobiernos de los estados por un monto total aproximado de 9,130 millones de pesos; sin embargo, no era necesario llegar a una iniciativa de Ley, bastaba con haber aplicado la ley a 4 estados principalmente, pues entre el estado de México, Guerrero, Chiapas y Zacatecas reúnen prácticamente el 78 % de la deuda total, por lo que no le veo razón de ser a esta iniciativa; incluso, si acaso se trataba de echar andar la maquinaria institucional, era más fácil evitar las inversiones inadecuadas y tontas que han realizado a nivel nacional por más de 1000 veces más que este recurso; incluso, más fácil se hubieran recuperado los desvíos de recursos de SEGALMEX, que asciende aproximadamente a 9,500 millones de pesos.
En cuanto al proyecto de decreto por el que se pretende adicionar los párrafos segundo, tercero y cuarto al Artículo 123 Constitucional, la intención insisto, es loable; sin embargo, la propuesta carece de una visión integral, por las siguientes razones:
1) Se incorpora como marco de referencia las Reformas a la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) del año 2020, mediante la cual se logró mediante la coordinación y negociación con las instituciones a cargo de las AFORES, reducir las comisiones cobradas, alcanzando una reducción de 44 puntos base, al pasar de 1.01% al 0.566%. El punto aquí es que, aunque no se regatea el logro, si es necesario precisar que esto se alcanzó con base en negociaciones, como en el mismo proyecto de decreto se acepta; situación que en todo caso no tiene una tendencia asintótica a la baja, pues cuando a las AFORES les deje de representar un negocio, simplemente abandonaran su participación; pero más aún, siendo la reducción en la comisión resultado de una negociación, cualquier coyuntura puede revertir lo logros alcanzados, de tal forma que las expectativas de un mayor saldo en la cuenta de las pensiones, al pasar de 6.5% del salario base a 15% está soportado en bases endebles.
2) NO están claras las fuentes de financiamiento para integrar el Fondo de pensiones para el BIENESTAR (el cual arrancaría con 64 mil 619 millones de pesos a partir del 1 de mayo de 2024, financiado, en 75 por ciento, de recursos obtenidos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado INDEP); peor aún, quizás la desaparición de órganos autónomos, órganos reguladores, organismos descentralizados, órganos desconcentrados, unidades administrativas y la extinción de otros entes públicos (que no se dice cuales serían) podrían fondear el inicio de la demanda de nuevos pensionados; pero de inicio el daño es mayor a las conquistas de los mexicanos en cuanto al sistema democrático, de transparencia y rendición de cuentas que nos compete a todo el país, sino incluso NO se esta considerando los efectos perniciosos a las regiones; por ejemplo, la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). Para entidades del centro y norte del país donde se desarrolla una agricultura empresarial quizás no tenga mayor impacto, pero para entidades como Veracruz y otras más del sureste, las afectaciones en la autosuficiencia y seguridad alimentaria son catastróficas; de hecho en estas regiones se ha incrementado la pobreza agroalimentaria; y, en casos como Veracruz, que registra una crisis agrícola extrema (ya solo aporta alrededor del 2.5% al PIB estatal, después de haber aportado más del 14% en la década de los setenta), tiende a incrementar la pobreza, la migración del campo a las ciudades propiciando cinturones de miseria y el financiamiento de la delincuencia a los productores y con ello el incremento de la inseguridad. En este contexto se puede concluir, nuevamente se sacrifica a la región en pro de un proyecto nacional. Y pregunto: ¿Dónde están nuestros diputados federales y sanadores??
3) Como es claro, no se puede seguir extinguiendo las instituciones, pues justamente la base del Estado son las instituciones, pero más aun, no se observa que se tenga calculado, de aprobarse las REFORMAS, para dar paso al FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR, cuántos mexicanos van a solicitar su jubilación inmediata; es posible se registre una “avalancha” que no se advierte se tenga previsto; pues ciertamente es perverso y negativo el sistema de cuentas individuales manejada por las AFORES para asegurar una pensión de la vejez, pues la gran mayoría de las personas en edad de jubilarse no lo hacen porque sus ahorros acumulados solo les garantiza un ingreso de 1000 pesos mensuales; pues todos ellos, que no se advierte el calculo de lo que representará se les pague ahora 16,700 pesos mensuales, inmediatamente, sea a través de litigios o demostrando poder de organización, van a buscar la jubilación. Pero realicemos un breve cálculo. Si fueran 5 millones de nuevos jubilados, la erogación inmediata para el ISSSTE sería de 83,500 millones de pesos mensuales; al año sería de más de un BILLÓN de pesos ($1,002,000,000,000). ¿Se tienen los recursos para enfrentar esta demanda? (De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE, en el país a causa de la pandemia hubo una disminución de (-)1.7 millones de personas en la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 57.6 millones a 55.9 millones (actualmente se prevé ya se haya recuperado).
4) Cualquiera me puede decir que es un exceso el monto de jubilados potenciales, pero ¿acaso se cuenta con el estudio de soporte confiable, preciso y certero? ¿Existe un estudio económico actuarial de para argumentar y proyectar al respecto? Pues al parecer NO. Pero, aceptando sin conceder, veamos el otro “lado de la moneda” ¿A cuántas personas trabajadoras realmente va a beneficiar tal sacrificio de la nación? A menos del 30% de los trabajadores del país, ya que 50% de la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada, son trabajadores INFORMALES (a nivel nacional es del 55%, lo que significa que más de 32 millones de mexicanos se autoemplean); de tal forma que, de ese 50% la mitad viven en pobreza laboral, lo que significa que no les alcanza su sueldo o diario ni siquiera para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias.
Para el caso de Veracruz la situación es peor, ya que más del 60% de los trabajadores son informales, debido a que más del 85% de las Unidades Económicas son microempresas, es decir tienen cuando más 5 trabajadores, que evidentemente no genera los ingresos suficientes para registrar formalmente su micronegocio; de esta forma, nos resta un 40% de trabajadores formales y, de ellos también más del 60% viven en pobreza laboral: en síntesis, para Veracruz, acaso estas Reformas van a beneficiar al 14% de los trabajadores. ¿Y con estos resultados se regodean los diputados locales?? Qué vergüenza. Ojalá y al menos un candidato a la gubernatura tome esta información en consideración. ES URGENTE. ¿Usted qué opina?
