Se mueve un super coordinador López Hernández

¿Por dónde?: En corrillos políticos se rumora que el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, será designado como “enlace” entre la doctora Claudia Sheinbaum y las nueve entidades federativas donde se elegirán gobernador (a) a el domingo 2 de junio del 2024, es decir, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la joya de la corona, la Ciudad de México.

Adán Augusto será el responsable de obtener el triunfo de Morena en la mayoría de esas candidaturas, gestionando los recursos necesarios de donde los tenga que conseguir y fijando los compromisos necesarios con los grupos internos y externos en el escenario político mexicano.

Por lo pronto Claudia Sheinbaum estará de gira proselitista en Tabasco, estado que gobernó recientemente Adán Augusto y veremos si se aparece junto a Claudia este domingo, cuando Sheinbaum visite Villahermosa.

Con el voto de Morena y sus partidos aliados, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que obligará a extinguir 13 fideicomisos, donde hay 15 mil 434 millones de pesos, guardados o reservados por los ministros de la Suprema Corte.

De ser aprobada por el pleno de la cámara la próxima semana, únicamente conservarían un fondo de apoyo para la administración de justicia, donde hay 6 mil 103 millones más. Como parte del desglose de los fondos que se manejan en los fideicomisos del Poder Judicial, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, el diputado Ignacio Mier Velazco, nos informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actualmente controla seis fideicomisos, donde a junio de 2023 se contaba con 6 mil 241 millones de pesos.

En los últimos ocho años, esos seis fideicomisos permanecieron prácticamente sin movimiento, salvo por los intereses generados en los bancos.

Corte de privilegios: En general, los fideicomisos del Consejo de la Judicatura, la SCJN y el Tribunal Electoral, permiten cubrir pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, mandos superiores y mandos medios, así como el pago de servicios médicos privados.

Uno de los fideicomisos que más polémica causó, es el 80693, con el que se paga el mantenimiento y remodelación de las casas particulares de magistrados y jueces, donde hay disponibles 76.5 millones de pesos. El diputado por Morena, Hamlet García Almaguer explicó a este columnista que el Poder Judicial fue engordando un “cochinito dorado” desde hace diez años, en 2013, cuando comenzó una operación sistemática para generar “subejercicios artificiales”, que nunca fueron devueltos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), sino depositados en fideicomisos a manera de un ahorro de la SCJN.

El diputado García Almaguer nos planteó que el dictamen no se discutirá en la sesión plenaria de esta semana, sólo se le dará lectura para efectos de información, será hasta la siguiente semana, para que la oposición tenga tiempo de leer y releer el dictamen.

En contraste, el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) dijo que la estrategia de Morena y el gobierno es asfixiar económicamente al Poder Judicial porque no está en consonancia con ellos. Así sucedió con el INE y con el INAI y hoy perpetran un asalto a la autonomía del Poder Judicial. Consideró que esta reforma es agresiva y retrógrada; porque menoscaba y se entromete en la autonomía de un poder de la Unión y va contra la progresividad de los derechos laborales de los trabadores de base y mandos medios.

Por su parte, la diputada panista, Leticia Zepeda Martínez, aseguró que la reforma es una venganza por las resoluciones que asumió la SCJN, pues quieren un Poder Judicial débil ante el Poder Ejecutivo. De acuerdo con la reforma, cuando inicie su vigencia, el Poder Judicial deberá devolver los fondos de los fideicomisos a la TESOFE. La decisión de la Cámara de Diputados, de recortar el gasto judicial por una cantidad que suma alrededor de 15 mil millones de pesos, intensificará el choque entre los Poderes Ejecutivo y Judicial y correrá en paralelo con las campañas presidenciales y el Tribunal Electoral podría tomar represalias.

Ya se verá.

Las asociaciones de jueces y magistrados expresaron a este columnista su rechazo a la iniciativa que busca extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que son para financiar la infraestructura, administración y las prestaciones laborales de los trabajadores. Demandaron respeto al derecho de los empleados de la Judicatura a una remuneración decorosa por el desempeño honesto y responsable de su trabajo, así como libre de influencias y presiones externas, a sabiendas de que vendrán numerosas solicitudes de amparo que el propio Poder Judicial resolverá a su favor.

Morena en la Cámara de Diputados detalló que, a partir de 2013, los subejercicios del PJF ascienden a 60 mil millones de pesos, que no se reintegraron a la TESOFE y sirvieron para alimentar la “caja chica” del Poder Judicial con esos fideicomisos.

Versiones: El diputado Ignacio Mier conversó con este columnista y nos dijo que en 2022 el PJF, dejó de gastar mil 200 millones de pesos, pero no devolvió ese dinero a la TESOFE. Además, ante las críticas de que la extinción de los fideicomisos afectará las pensiones y jubilaciones de los trabajadores, dijo que de los 9 mil millones de pesos que están en el fideicomiso para ese rubro, sólo se utilizan 75 millones en cada ejercicio anual, por el número de personas a las que se paga.

De los 14 fideicomisos, 13 no están en la ley y tres se consideran como derechos adquiridos en materia laboral para 600 trabajadores, de los cuales, únicamente 181 son operativos y escoltas, declaró. El resto del dinero está depositado en un instrumento que no es transparente, pues no se conocen los rendimientos anuales de 9 mil millones de pesos.

Confirmó que ya conoció de la advertencia de la oposición, que anticipó la presentación de una controversia constitucional ante la SCJN, que opera seis de los fideicomisos a extinguir, donde hay 6 mil 341 millones de pesos y ya se anunció que la oposición va a emprender una serie de acciones legales, para frenar la disolución de los fideicomisos del Poder Judicial. Ya sean diputados o senadores de la oposición, en cualquier de las dos cámaras, sumarán el 33 por ciento requerido para emprender esa acción.