Un frustrado Aburto

Fue la corte: La SCJN frustró la liberación de Mario Aburto, el asesino de Luis Donaldo Colosio, por 3 votos contra 2, la Primera Sala determinó que siga en prisión, porque los familiares del ex candidato presidencial no fueron llamados ni reconocidos como víctimas en el amparo directo que, en los hechos, instruía liberar este año a Aburto.

Los ministros aprobaron el proyecto de Juan Luis Alcántara Carrancá, quien propuso dejar sin efecto y reponer ese amparo que en octubre de 2023 canceló la condena original de 45 años y ordenó imponerle una pena máxima de 30 años de cárcel, los cuales se cumplieron en marzo 2025.

Ahora el expediente volverá al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca, órgano que dictó ese fallo, para que notifique a los familiares de Colosio y manifiesten lo que a su derecho convenga. Es decir, para que comuniquen al colegiado si se oponen a la demanda en la que Aburto pide la cancelación o, cuando menos, la reducción de su condena original de 45 años de prisión y su consecuente libertad. Una vez procesado este trámite, el colegiado volverá a dictar una nueva sentencia de amparo.

El recurso votado el miércoles pasado por la SCJN es una revisión presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el amparo que hace un año ganó Aburto. El pasado 25 de septiembre ya se discutió el caso, pero en aquella ocasión la votación registró un empate, ya que el presidente de la Primera Sala de la Corte, el ministro Jorge Pardo, se declaró impedido porque llevó el proceso del Caso Colosio cuando fue juez de Distrito en Toluca.

Por esta razón es que Batres, integrante de la Segunda Sala, fue llamada al inicio de la sesión de este miércoles para romper el desempate. Aburto fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, después del asesinato del candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio. El 22 de diciembre de 1994 fue sentenciado a 45 años de cárcel.

Entre otras cosas: jueces que sí están a favor de la reforma judicial informaron que la llamada “carrera judicial” son en realidad procesos viciados en la selección de jueces, donde se da la venta de exámenes y casos de corrupción al más alto nivel de la escuela judicial; se vendieron exámenes de oposición para jueces en 186 mil pesos, procesos que fueron impugnados por los propios jueces y magistrados por la inequidad, el influyentísmo y los compadrazgos. Dijeron que sólo las personas cercanas a jueces, magistrados y ministros resultan vencedoras.

Ni qué decir del nepotismo, en diciembre de 2022 el propio Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reveló que la mitad del personal (49 por ciento, equivalente a 24 mil 546 personas) del Poder Judicial tiene al menos un familiar trabajando dentro de ese poder, tal y como lo confirmó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. También se quejaron de las sanciones que tienen las actuaciones de funcionarios del Poder Judicial, pues generaron muchas inconformidades, porque hay quejas que, en materia de disciplina, de 2004 a 2023 se presentó 38 mil quejas en contra de jueces y magistrados; pero 86 por ciento de ellas fueron desechadas sin iniciar investigación y de las que sí se investigaron, el CJF sólo sancionó a 472 jueces y magistrados.

Apenas 0.7 por ciento del total recibieron un apercibimiento o una amonestación, 0.2 por ciento una suspensión momentánea, 0.1 por ciento fue destituido, pero en muchos casos y después de amparos, regresaron a trabajar. “Inhabilitaciones, sólo 0.6 (23 en total); sanciones económicas, 0.04 por ciento (14), y de enero a septiembre de 2023, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República presentaron 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el CJF, ninguna con sanción”.

Paro: Salarios y prestaciones totalmente fuera de la ley, a pesar de que el paro que decretaron canceló 12 mil 448 audiencias, y los burócratas del Poder Judicial siguen recibiendo su salario íntegro, sin olvidar que un grupo de jueces, liberaron a integrantes del crimen organizado, en la madrugada de viernes para amanecer sábado. Qué decir de la jueza Nancy Juárez Salas, la que quiere encarcelar a la presidenta Sheinbaum.

En abril de 2021 fue sometida a procedimiento disciplinario; el pleno del CJF ordenó una suspensión, pero en marzo de 2023 dicha suspensión fue revocada y ella volvió muy tranquila a su puesto. En 2022, se le inició un procedimiento disciplinario por hostigamiento laboral y tratos inadecuados a los servidores públicos, que la denunciaron por conductas negativas; fue sancionada por su desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores del órgano jurisdiccional.

En 2015 y 2016, estuvo sujeta a un procedimiento disciplinario por mala conducta y ratificación irregular de licencias médicas, pero sólo se le impuso una sanción administrativa. Por si fuera poco, los registros oficiales de la jueza Nancy Juárez documentan amonestaciones verbales por faltas que van, desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones, hasta realizar actividades comerciales ajenas a su función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos. Pero sigue despachando como jueza, sabedora que está bien protegida.